A las 10 de la mañana del pasado jueves 5 de marzo, la Fiscalía primera local de Patrimonio Económico de Cúcuta y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) materializaron cuatro de siete capturas de presuntos integrantes de la banda delincuencial conocida como Los Prestamistas.

Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir, estafa agravada, enriquecimiento ilícito, obtención de documento público falso, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Según se pudo conocer, siete víctimas perdieron todos sus bienes y quedaron en la ruina, tras haber caído en una estafa entre el 2009 y 2014.

“Esta estructura se aprovechó de  las personas, quienes ante la necesidad económica, pidieron prestado dinero”, dijo una fuente judicial.

Durante el proceso, los prestamistas, al parecer, indujeron en el error a servidores públicos utilizando documentación falsa.

Los capturados fueron identificados como Luis Ángel Andrade Arenas, a quien le dieron medida de aseguramiento domiciliaria; así como Luddy García Téllez, Daniel Ortiz Parra y María Dolores García Téllez, a los cuales les impusieron medida de aseguramiento no privativa de la libertad, pero siguen vinculados al proceso.

¿Cómo operaban?

“Ellos tenían todo montado para generar hipotecas y trasferencias de propiedades para cobrar hasta dos y tres veces el capital prestado, además de intereses exagerados. Así fueron expropiando los inmuebles de las víctimas”, contó la fuente.

Bajo esta modalidad, los implicados realizaron expropiación y cobros indebidos a otras víctimas. 

“Mediante engaños lograron quitarle un local de Cenabastos, ubicado en la zona de carnes, a una de las víctimas”, añadió.

Tras las investigaciones de las autoridades, conocieron que Andrade aparece como beneficiario de las hipotecas, letras de cambio y pagarés. 

Las víctimas aseguraron que aunque intentaban pagar los intereses del capital prestado, ellos se mostraban renuentes. 

Las demandas a los deudores son por incumplimiento y ejecutan hipotecas y pagarés, resultando en el cobro de sumas exorbitantes de dinero que no correspondían a los montos prestados. 

“Se valen de hipotecas, y pagares falsos, con los cuales iniciaron procesos ejecutivos civiles, y con los que registraron los inmuebles, induciendo al error a servidores públicos tal como jueces civiles y al Registrador de Instrumentos Públicos. Todo para el provecho propio, pues incrementaron su patrimonio económico ostensiblemente”, finalizó la fuente.