La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sí podría ser suprimida mediante una reforma constitucional, pero actualmente es “muy difícil” sumar el apoyo legislativo que se requiere para ese trámite.

Esa es la conclusión de varios expertos consultados por El País, luego de que el expresidente y hoy senador por el partido Centro Democrático Álvaro Uribe reiterara en días pasados su propuesta de eliminar el alto tribunal creado en el Acuerdo de Paz con las Farc para juzgar a las personas involucradas en el conflicto armado.

“Eliminar o por lo menos reestructurar la JEP hace parte de uno de los 78 puntos programáticos del Centro Democrático. Insistimos en el partido en que hoy no tenemos las mayorías políticas para lograrlo, pero no por eso dejamos de mencionar y de ser incisivos con el tema”, sostuvo el exmandatario luego del ‘retiro espiritual’ que la bancada uribista tuvo durante dos días en Paipa, Boyacá.

De hecho, en el punto 56 de los 78 que recogen en un documento el norte de la colectividad y que el jefe natural del Centro Democrático publicó en su cuenta de Twitter, se reconoce que “la eliminación o reforma profunda de la JEP parece hoy un imposible político” pero agrega que ello “no nos pueden olvidar de la eliminación de la JEP”.

¿Qué dicen los expertos?

Para el abogado constitucionalista Héctor Riveros, la idea que impulsa Álvaro Uribe de suprimir la Jurisdicción Especial de Paz en estos momentos no es viable políticamente.

“Y el expresidente así lo reconoce. Él lo que está haciendo, más que una propuesta concreta para tramitar ahora, es invitando a la gente de su partido a seguir promoviéndola para lograr que en algún momento resulte viable”.

En otras palabras -agrega el experto-, “lo que Uribe quiere es que sus huestes se propongan eso en campaña para acaparar votos para las próximas elecciones, y así tener el apoyo de las mayorías y poderla llevar a cabo ese proyecto cuando sean elegidos”.

Además, Riveros señala que si bien la JEP se puede eliminar jurídicamente mediante una reforma de la Constitución Política, ese sería un proceso largo y complejo, que por lo menos podría tardar un año en consumarse.

“Para llevar a cabo este trámite se necesitaría un proyecto de acto legislativo que se apruebe en el Congreso en dos legislaturas, es decir, hay que aprobarlo ocho veces: cuatro en el Senado y cuatro en la Cámara de Representantes”, precisó el experto.

No obstante, el constitucionalista hace hincapié en que actualmente este no es un proyecto viable porque sus impulsores no cuentan con los votos que se necesitan en el legislativo, donde hay “una mayoría que está a favor de cumplir el Acuerdo de Paz con las Farc, y eso no va a cambiar hasta cuando hayan elecciones”.

Con él coincide Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento de los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, quien también reconoce que sí se puede acabar con la Jurisdicción Especial de Paz si se recurre a una reforma constitucional, igualmente asegura que una iniciativa en ese sentido no tendría apoyo suficiente en el Senado y la Cámara de Representantes.

“La JEP es una ley estatutaria que para modificarla requiere las dos terceras partes de los votos en el Congreso, los cuales hoy no existen. El Partido Liberal, por ejemplo, está en contra del proyecto de eliminarla, y las bancadas de Cambio Radical y de la U tampoco lo respaldan”, explica el analista.

Agrega Vargas que habría que esperar a las elecciones del 2022 para ver cómo cambia la composición del Congreso de la República. “Además, los magistrados de la Corte Constitucional tampoco están de acuerdo con el tema”.

Como se recordará, a través del Acto Legislativo 02 de 2017, el Estado colombiano se comprometió a custodiar el Acuerdo de Paz con las Farc por tres periodos presidenciales completos, es decir, hasta el año 2025.

Ese ‘blindaje’ es el que impediría que sectores políticos que se oponen a la implementación de lo pactado entre el Gobierno y la extinta guerrilla puedan modificar, por ejemplo, la forma como la Jurisdicción Especial de Paz está juzgando a los excombatientes y a los militares que participaron en el conflicto armado colombiano.

José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, recordó que la JEP fue creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, proferido por el Congreso de la República y declarado exequible por ese alto tribunal.

“Entonces siempre se podrá reformar un acto legislativo proferido por el Congreso y, por ende, se puede suprimir un ente que haya sido creado por una reforma constitucional, siempre y cuando se haga por otra reforma constitucional”, explica el experto.

Hernández precisó que dentro de las reformas constitucionales por las que se podría suprimir la JEP no solo se encuentra un acto legislativo proferido por el Congreso, sino que también podría hacerse a través de una Asamblea Nacional Constituyente o por vía de un referendo.

“Lo que quiere decir que la JEP no está blindada, pero suprimirla es muy difícil desde el punto de vista del cumplimiento por parte del Estado del Acuerdo de Paz que se firmó con las Farc, porque allí ya hay unas personas que están sometidas a la Jurisdicción, unos procesos en curso y una serie de situaciones existentes que es complicado retrotaer de modo absoluto, es decir, volver las cosas a su estad