El pasado 19 de febrero, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y los altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía, encabezaron en Cúcuta una reunión con los alcaldes y autoridades del Área Metropolitana para evaluar la angustiosa situación de violencia y criminalidad que viene afectando a nuestra zona de frontera.

Después de cinco horas de deliberaciones, el ministro de Defensa anunció que “un plan de seguridad fronterizo, estratégico e interagencial para impactar a los grupos armados que están haciendo daño a la población del área metropolitana de Cúcuta empezará operaciones en unos diez días”. Es decir, debió ponerse o estar en marcha el 2 o 3 de este mes de marzo. 

El informe sobre las conclusiones de dicha reunión, publicado el día 20 en La Opinión, destacó que “la estrategia de seguridad que se acordó en ese consejo extraordinario de seguridad quedó consignada en un acta de 17 puntos para la actuación conjunta de las autoridades en función de la seguridad de la región”.

Este diario también reseñó sobre el mismo evento que “al explicar la forma en que operará el plan fronterizo de seguridad, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, reveló que el diseño de la estrategia estará listo en 10 días y con ello lo que se pretende es unificar los esfuerzos del Ejército y la Policía, así como del componente interagencial Gobernación, alcaldías y Migración Colombia”.

“El propósito es mejorar los estándares de seguridad con el combate de los grupos armados ilegales, entre ellos el Eln, Los Pelusos, Los Rastrojos y Gao residual”, dijo el general Navarro sobre la misma reunión, mientras el ministro de Defensa indicó que contra estas estructuras se actuará con contundencia, porque la misión es brindar plenas condiciones de seguridad en el Área Metropolitana de Cúcuta.

La verdad es que pocos avances se han logrado en la puesta en marcha de estos planes, pues las masacres, enfrentamientos, secuestros y otras acciones criminales siguen desbordadas en la región, mientras el desconcierto, el miedo y la incertidumbre crecen también entre la población civil, que es la que más sufre y lleva del bulto en esta escalada de violencia.

No podemos dudar de la voluntad, de los esfuerzos y del compromiso de nuestras autoridades para enfrentar a los grupos criminales. Comprendemos que en la zona de frontera esta tarea resulta más difícil y arriesgada por el apoyo que las bandas locales tienen de los carteles más sanguinarios y despiadados del narcotráfico internacional que controlan poderosas estructuras de México y Venezuela. 

Tenemos que aceptar resignados esta dura realidad y comenzar a explorar la búsqueda de otras nuevas formas de lucha y estrategias para enfrentar con un poco de más éxito la lucha contra las bandas criminales que operan en nuestra región con el apoyo y respaldo del gran poder económico y armado de los carteles internacionales.

Corresponde al gobierno central dar los pasos pertinentes y al tiempo reclamar y obtener el total respaldo de la comunidad regional. No es una tarea fácil, pero hay que intentarlo.