Después de 855 días de estar detenido bajo la modalidad de detención domiciliaria, el exsecretario General y de Gobierno de Pamplona, Jeiver Saith Acero Basto, recobró la libertad por vencimientos de la medida de aseguramiento, que tenía desde el 1 de noviembre de 2017.

El hecho se produjo la tarde de pasado viernes cuando un juez con funciones de control de garantías tomó la determinación de dejarlo en libertad, por solicitud de la defensa a cargo del abogado Camilo Espinel.

Se argumentó que el juicio oral no se ha llevado acabo lo que a su vez no ha permitido que le definan la situación jurídica a Acero Bastos Basto.

“Tengo que indicar que como defensa hemos sido fiel al proceso, concurriendo a todas y cada una de las audiencias programadas por el despacho”, manifestó

Espinel, agregó que también han existido una serie de aplazamientos por parte de la Fiscalía que no son atribuibles a la defensa, lo que conllevó al vencimiento de la medida.

El abogado recordó que la medida de aseguramiento tenía una prórroga de un año que se había vencido en diciembre de 2019 y no había sido posible logar la audiencia de solicitud de libertad, por cuestiones ajenas a la defensa. 

“Seguimos vinculados al juicio como tal y vamos a demostrar que él (Acero Basto), no tiene responsabilidad penal en este proceso y lo estamos constando con pruebas”, afirmó.

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El caso

Los hechos que involucran a Acero Basto se remontan al 24 de marzo de 2017, cuando personal de la Fiscalía General de la Nación llegaron al Palacio Municipal y capturaron a Ronald Mauricio Contreras Flórez, quien fungía como alcalde, al señalarlos como presuntos responsables de irregularidades cometidas en el convenio 268 de octubre de 2016.

En esa oportunidad Contreras Flórez, firmó el convenio entre el municipio de Pamplona y la Corporación vida y Progreso por un monto de $ 164.965.761 para favorecer a las víctimas del conflicto armado con proyectos productivos.

El exalcalde sigue en detención domiciliaria y se encuentra en juicio oral que determinará la responsabilidad penal en los hechos en que presuntamente que se le vincula.   

También el 26 agosto 2019 la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos a Contreras Flórez (2016-2017), por presuntas irregularidades contractuales en la celebración del convenio 268 de 2016 con la Corporación Vida y Progreso que tenía por objeto aunar esfuerzos para promover en las víctimas del conflicto armado interno la generación de negocios productivos sostenibles como vehículo de construcción de paz y sana convivencia.

La Procuraduría precisó que los investigados probablemente, causaron un detrimento al municipio en más de $139 millones de pesos y calificó las faltas como gravísimas a título de culpa gravísima.