Tras una auditoría adelantada a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Contraloría General  de la República reportó tres hallazgos fiscales por $2.509 millones.  De acuerdo con el ente de control, los hechos tendrían relación con presuntos retrasos e incumplimientos que se detectaron en materia de indemnizaciones administrativas.

La Contraloría expuso que la entidad del Gobierno no le dio una cobertura adecuada al Programa de Reparación Colectiva. De igual modo, comunidades étnicas no habrían recibido el tratamiento diferenciado en los procesos.
Producto de la auditoría también se determinaron ocho hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno que se trasladará a la Corte Constitucional.

“Los hallazgos relacionados con los incumplimientos en materia de reparación son de tal magnitud, que bien pueden llevar a cuestionar: ¿Y la reparación de las víctimas para cuándo?”, dice la Contraloría en su informe.

De acuerdo con el presupuesto ejecutado, en 2018 la Unidad de Atención a Víctimas pagó $566.291 millones por concepto de indemnizaciones administrativas.

Sin embargo, la Contraloría estableció la inexistencia de un procedimiento para acceder a este reconocimiento, lo cual estaría relacionado con el represamiento de 1’140.145 pagos pendientes por girar a 31 de diciembre de 2018. 

Esto último equivale al 55% de los pagos, lo cual se constituye en  un incumplimiento de la orden judicial que establece: “Ordenar al director de la Unidad para las Víctimas que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, reglamente el procedimiento que deben agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos, cuyas fases se deben tramitar en periodos determinados en el transcurso de los seis años adicionales a los inicialmente contemplados, en los términos descritos en este pronunciamiento…”.

Por otra parte, la Contraloría encontró que en el Programa de Reparación Colectiva, apenas seis personas, de 631 incluidas en el Registro Único de Víctimas (el 1%), fueron reparadas de manera integral de acuerdo con las acciones planeadas y concertadas para la reparación, en 2018.

En respuesta

La Unidad para las Víctimas, en un comunicado oficial, aclaró que desde el inicio del actual Gobierno, ha hecho públicas las dificultades presupuestales para atender y reparar a todas las víctimas y sobre los retrasos en el pago de la indemnización administrativa, que es apenas uno de los componentes de la reparación integral.

De igual forma, la Unidad se comprometió a acatar los requerimientos de la Contraloría y a cumplir con los lineamientos que el proceso regula y ordena.