Como “una crisis humanitaria que lleva más de dos años” calificó Juan Carlos Quintero,  vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), la difícil situación que están afrontando cerca de 200 mil habitantes de los 11 municipios que conforman la región del Catatumbo.

Quintero  aseguró que el recrudecimiento de los enfrentamientos entre el Eln y el Epl que afectan directamente a la población civil son consecuencias de los incumplimientos del Acuerdo de Paz y el fin de los diálogos con la guerrilla del Eln.

El líder rechazó  las acciones terroristas de ambos grupos armados que hoy tienen en vilo a cientos de familias y planteó la creación de una comisión de verificación que permita llegar hasta la zona rural de Hacarí, Ábrego y La Playa de Belén para que organismos defensores de derechos humanos y de cooperación internacional, institucionalidad y asociaciones sociales y comunales puedan verificar la situación de orden público en estos territorios en aras de buscar soluciones conjuntas y por supuesto acompañar a las comunidades.

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La comisión que Quintero propone sería liderada por la Ruta de Prevención y Protección a Defensores de Derechos Humanos del Nororiente Colombiano y arrancaría del 20 al 23 de febrero próximos.

Esta misma Ruta de la Protección, denunció públicamente hace un par de días las diferentes violaciones al derecho internacional humanitario cometidas en el Catatumbo en lo corrido del 2020.

“Las comunidades están en medio del fuego cruzado, hay desabastecimiento y confinamiento por acciones tanto de los grupos armados ilegales como de la fuerza pública”, indicó. “El miércoles hubo un enfrentamiento entre el Eln y el Ejército  en la veredas Piedras del Moler del corregimiento San Pablo (Teorama)”, detalló.

Quintero recalcó que el Gobierno Nacional no le ha dado la prioridad que merece y pidió a los grupos armados ilegales excluir a la población civil de sus enfrentamientos.

Por su parte, Eliana Zafra del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, entidad que ha realizado un ejercicio constante de denuncia y acompañamiento a las comunidades del Catatumbo aseguró que el comité ve con preocupación la manera como el Estado está desatendiendo esta crisis humanitaria.

“El Gobierno Nacional y departamental ha sido ineficaz. No solo es llegar a los territorios ha amenazar con la erradicación forzada sino atender otras problemáticas que realmente están perjudicando a las poblaciones, como los grupos paramilitares que nunca se desmovilizaron y que cada vez toman más fuerza en esta región”, sostuvo. “La solución al conflicto debe estar enmarcada en el diálogo”, dijo.

Esta semana esta organización publicará un boletín de monitoreo de la situación de orden público y violación de derechos humanos en el Catatumbo, con el fin de visibilizar el flagelo de estas comunidades.

Enrique Pertuz, de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, instó al gobierno nacional a modificar la política de erradicación forzada ya que el Catatumbo requiere una intervención integral, e hizo un llamado al Eln y al Epl para que pongan fin a los enfrentamientos.

Por su parte, la Asociación de Personeros del Catatumbo pidió una respuesta humanitaria pronta para garantizar la protección de los ciudadanos. Adicionalmente rechazaron las amenazas hacia el personero de Hacarí quién hace un par de días no pudo ingresar al municipio por la situación de orden público.