La Procuraduría le solicitó al Ministerio de las TIC evaluar la suspensión del otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional, hasta que se aclare cuál es la cuantía que obtendría el Estado producto de la subasta realizada el 20 de diciembre de 2019.

Además, la entidad de control le pidió al Ministerio ver si la firma Partners, a la que se le adjudicó un bloque en la banda de 2.500MHz, cumplió con las condiciones de objetividad y transparencia de la contratación estatal.

En una comunicación a la ministra, Sylvia Constaín, el Ministerio Público precisó que esta solicitud no constituye una coadministración y menos pude interpretarse como una oposición a la política pública.

Sin embargo, aclararon que a la entidad le asiste interés de que los permisos de uso del espectro “respeten los principios de libre competencia y para la promoción de la inversión”.

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Jorge Barrera, director de Industria de Comunicaciones del Ministerio, por presuntamente haber permitido que fondos de capital privado, como Novator (propietario de Partners) participarán en la subasta en condiciones más flexibles, en cuanto requisitos de duración y acreditación de experiencia, que otros interesados en el proceso.

Los permisos de uso del espectro habrían superado el potencial de inversión que el Ministerio esperaba: más de $5 billones.

Reacciones

Natalia Guerra, directora de regulación, fundación y relaciones internacionales de Telefónica (Movistar), dijo que el pronunciamiento de la Procuraduría se encuentra en la vía de asegurar el respeto de las condiciones objetivas del proceso de asignación de espectro. “Es necesario que se garantice el cumplimiento de lo ofrecido y que se no modifiquen las reglas de participación por la seguridad jurídica del país”, puntualizó.