Continuidad en las investigaciones de la Fiscalía, fortalecimiento a la Unidad de Investigaciones para el Desmantelamiento, protocolos de intercambio de información, armonización de información con destino a organismos internacionales y directrices que orienten la actuación del ente investigador, respetando la autonomía de los fiscales sobre cuáles son las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz son los cinco puntos que la presidenta del tribunal de paz, Patricia Linares, le propuso a Francisco Barbosa, fiscal electo, durante una reunión que los dos funcionarios realizaron en la mañana de este lunes. Sobre el primer punto, la JEP explica que el objetivo es evitar que “personas que se enfrentan a procesos en la justicia ordinaria pretendan sacar provecho de la creación del mecanismo de justicia transicional sin que realmente cumplan el lleno de los requisitos”.

El refuerzo al que se hace mención en la segunda propuesta busca que esa unidad del ente acusador avance en el desmantelamiento de grandes estructuras criminales que delinquen en el país y que ponen en riesgo la consolidación de una paz estable y duradera, tal y como fue contemplado en el decreto con el que fue creada en 2017. De igual forma, pretende restablecer la confianza de los comparecientes que participan activamente en el proceso de paz y contribuir de manera eficaz a garantizar la no repetición de los crímenes.

Los protocolos de información mencionados en el punto tres de la propuesta que se llevó Barbosa intentan un trabajo armónico, orientado a garantizar el acceso a la información que se requiere continuamente para poder sustanciar los procesos de competencia de la JEP. Los puntos cuatro y cinco, al parecer, buscan enderezar las relaciones turbulentas que desde el tribunal tuvieron con el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, quien renunció al cargo tras conocer una decisión de la JEP sobre el caso de Jesús Santrich.

“Es importante un lenguaje común entre entidades que aclare a instancias de esa naturaleza el rol que desempeña cada una de las instancias nacionales en relación con la obligación internacional de investigar, judicializar y sancionar crímenes internacionales”, se explica en el cuarto punto. Mientras que en el último punto se sugiere que la Fiscalía emita directrices que orienten la actuación del ente investigador sobre cuáles son las competencias de la JEP desde el ámbito material, temporal y personal.

“De esta manera se mitigarán posibles escenarios en los que se desconozcan las funciones constitucionales y legales de la Jurisdicción y se reducirán los conflictos de competencia que en ocasiones congelan los procesos”, concluye la propuesta.