Tibú, La Gabarra y El Tarra hacen parte de las poblaciones del país que se encuentran en mayor riesgo por reclutamiento forzado de menores, de acuerdo con el Observatorio para la Protección de los Derechos y Bienestar de los niños, niñas y adolescentes (Oprob), que hizo un análisis de la situación de los derechos de los niños en cinco departamentos: Norte de Santander, Meta, Guaviare, Valle del Cauca y Nariño.

En el estudio, en el que participaron las ONG Benposta Nación de Muchachos, Oxfam Colombia y Humanidad Vigente, además de estas tres zonas del Catatumbo, el Oprob también identificó como crítica la situación en Buenaventura (Valle del Cauca) y San Andrés de Tumaco, en Nariño.

Para hacer el monitoreo y la verificación, las organizaciones participantes del proyecto tuvieron en cuenta tres aspectos claves. El primero de ellos se basa en la utilización y reclutamiento; el segundo, en las distintas violencias que pueden estar asociadas al conflicto; y el tercero, en el seguimiento a la situación de las niñas, niños y adolescentes en el contexto del posacuerdo.

“Las amenazas, las falsas promesas de mejores condiciones de subsistencia, la irrupción en escuelas y la ausencia o débil presencia del Gobierno ha hecho que miles de niñas, niños y adolescentes pasen a ser parte de las filas de dichos grupos armados”, explica Olga Silva, miembro de Humanidad Vigente Corporación Jurídica.

El estudio además advirtió que en zonas rurales de Cúcuta y Puerto Santander, las amenazas a docentes dejaron a cerca de 1.100 niños sin clase entre 2017 y 2019.

Cabe anotar que, de acuerdo con el Secretario General de Naciones Unidas sobre la Niñez y los Conflictos Armados, de los 311 casos de reclutamiento de menores detectados entre 2018 y 2019, el Eln es el principal reclutador de menores, con 182 de esos eventos, seguido por las disidencias de las Farc, con 82, y el Clan del Golfo, con 47. Esto, según cifras entre 2018 y 2019.

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Violencia sexual, en aumento

En cuanto a las violencias asociadas al conflicto armado, el estudio estableció que se presentaron 184 casos en los 5 departamentos analizados, en los cuales las mujeres y las niñas fueron las principales víctimas de delitos sexuales; de estos, (101) corresponden a las Fuerzas Militares; 55, a grupos de delincuencia organizada, y 28, a grupos al margen de la ley. Lo más grave es que hay un subregistro en el número de casos.

“En los territorios, los miembros de las comunidades y de las instituciones educativas indican que no se atreven a denunciar los casos de violencia sexual por la presencia y las amenazas de los actores armados, así como la falta de una acción efectiva de las autoridades judiciales contra los responsables,”, manifiesta Sandra Patricia Mojica, gerente del Programa de derecho a Justicia de Oxfam en Colombia.