Pasados 85 días desde que empezaron a regir los aranceles a las confecciones provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes, la sala plena de la Corte Constitucional tumbó los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que regulaban esas medidas.

Específicamente los artículos establecían que los importadores deberían pagar un impuesto de 37,9% a las confecciones que valieran menos de US$20 el kilo, así como cancelar el 10% ‘ad valorem’- es decir, dependiendo del valor del producto- más US$3 por kilogramo bruto de prendas.

Esto, sin embargo, no incluía a los productos del capítulo 61 y 62 de aduanas, es decir, prendas y complementos de vestir.

Analdex siempre se había mostrado en contra de la aplicación de estos aranceles argumentando que el precio de las prendas aumentaría hasta un 25% y que el contrabando repuntaría.

No obstante, Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines, apoyaba la medida que consideraba necesaria para proteger a la industria nacional, pues según los fabricantes, durante los meses que rigieron los mencionados artículos, el sector mostró recuperación.