Desde que entró en funcionamiento hace dos años, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha protagonizado varios choques de trenes con otras entidades judiciales. Ahora, el turno es con la Procuraduría General de la Nación por aceptar la solicitud de sometimiento del excongresista Musa Besaile Fayad como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública.

Lo que ocurrió ahora fue que el procurador general, Fernando Carrillo, criticó duramente que la Jurisdicción Especial para la Paz aceptara juzgar a Besaile al tratarse de hechos de corrupción.

“La JEP no puede dejarse convertir en un escampadero de corruptos”, aseguró, afirmando que los delitos por los que es juzgado el exsenador y exrepresentante a la Cámara son de corrupción administrativa y que no tienen nada que ver con el conflicto.

Una discusión que recuerda el fuerte choque ocurrido el año pasado, en esa ocasión con la justicia penal, y que llevó a que el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez y su vicefiscal María Paulina Riveros renunciaran cuando la JEP resolvió la extradición de “Jesús Santrich”.

En esa ocasión, Martínez aseveró que “esta decisión (de no extraditar a Santrich) hace trizas la colaboración internacional, desdice de las obligaciones de Colombia con los tratados internacionales, confronta abiertamente la Constitución política y lo más grave: destruye la muralla que construyó el Acuerdo de paz entre reinserción y narcotráfico”.

El caso Besaile

La Corte Suprema de Justicia abrió, en 2018, dos procesos contra Besaile. El primero, por supuestamente haber hecho parte de una alianza paramilitar en el departamento de Córdoba, dirigida por Salvatore Mancuso. Y el segundo, por supuestamente haber pagado $2.000 millones a Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, para que el caso de parapolítica en su contra no avanzara, en el caso de corrupción conocido como Cartel de la Toga.

Para la JEP, a diferencia de lo que considera la Procuraduría, el caso de Besaile sí es de su jurisdicción. En la resolución de sometimiento, la jurisdicción especial señaló que “entre el exsenador y el Bloque Córdoba de las Auc existía una relación derivada de los pactos y alianzas entre los dirigentes políticos del departamento y los grupos paramilitares (...) de ese modo, se concluye, que el proceso adelantado por el delito de concierto para delinquir se relaciona con el conflicto armado”.

En cuanto al Cartel de la Toga, dijo que “es viable establecer que las conductas penalmente reprochadas y endilgadas al señor Besaile Fayad fueron realizadas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.

Consideró que el supuesto pago de Besaile de los $2.000 millones fueron para frenar el proceso en su contra por los supuestos vínculos con el paramilitarismo, lo que justificaría la relación con el conflicto.

Pero desde el estudio de la solicitud de sometimiento, la Procuraduría mostró su desacuerdo. Por ejemplo, en el caso del Cartel de la Toga, el Ministerio Público aseveró que “no encuentra correspondencia alguna entre la primacía de las víctimas y el conocimiento de las conductas derivadas de la corrupción (...) toda vez que en los delitos contra la administración pública presentados no es viable identificar un nexo de causalidad con el conflicto armado”.

El martes, además, el procurador Fernando Carrillo insistió en el desacuerdo de la entidad que dirige con algunas decisiones de la JEP. Se refirió a otros casos como el del excongresista Álvaro Ashton, el del general (r) Miguel Maza Márquez y el del exsenador Alberto Santofimio Botero, “las puertas de la JEP no pueden ser vulneradas para intentar burlarse de la justicia y la sociedad y pretender cubrir con un manto de impunidad delitos que no tienen relación alguna con el conflicto”.

El fiscal (e) Fabio Espitia también compartió este punto de vista, al asegurar que “respecto a la investigación de Álvaro Ashton, procesado por entregar presuntamente a funcionarios de la rama judicial supuestos sobornos para ser beneficiado de un proceso de nexos con grupos paramilitares, el acto de corrupción no tiene ni puede tener ninguna relación con el conflicto. Este es un instrumento procesal (el sometimiento ante la JEP) que puede ser utilizado para evitar un juicio de responsabilidad. Además, el supuesto hecho de corrupción ocurrió en 2013, cuando las autodefensas no existían”.

Con este debate en ciernes, la JEP resolverá la apelación que presentará el Ministerio Público.