Los Patios se sumó a los municipios en que se ha desatado una oleada de denuncias y de acciones ante los tribunales por las presuntas irregularidades en el procedimiento de elección de personero. 

Para ese cargo, el Concejo eligió a principios de este mes a Fabián Darío Parada Sierra para ocupar el cargo como representante del Ministerio Público. 

Entre los hechos que generan duda está en que solamente se dio un día para la inscripción de aspirantes, cuando el Decreto 1083 de 2015, reglamentario de la función pública, señala que el término para las convocatorias no podrá ser inferior a cinco días, advirtió el ciudadano Leonardo Gélvez.

 Aseguró que prepara una demanda de nulidad para que la justicia determine las posibles violaciones a las normatividad, “porque mediante las resoluciones 195, 199 y 201, expedidas por la mesa directiva del Concejo de Los Patios se cambiaron las condiciones del proceso de selección de personero, fijadas en el acuerdo 011 del 24 de noviembre de 2015”. 

“Debieron haberlo hecho presentando otro acuerdo y no modificarlo a través de unas resoluciones sin explicación ni sustento jurídico alguno”, precisó.

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Gélvez observó que mediante esa acción también se le hizo un cambio “al valor porcentual de las pruebas que fueron elevadas al 75% mientras que a la valoración de las hojas de vida se le redujo el nivel hasta el 5%, desconociéndose la razón para ello y por eso los tribunales tendrán que dilucidar lo ocurrido”.

Cuando se activaron las directrices del concurso la mesa directiva del cabildo patiense la integraban Founier Blanco, presidente y como vicepresidentes Jorge Eliécer León y Jesús Alexander Villalba. 

La corporación llamó a la Universidad Francisco de Paula Santander para el concurso y valoración de los aspirantes a ese cargo. Observó que en la sesión de elección de personero, registrada en el presente mes, se registraron tres votos en blanco de los concejales reelectos Alfonso Hernández, Alberto Alvarado y Jair Lamus. 

Leonardo Gélvez insistió en que no hay justificación alguna para que “un acuerdo haya sido reformado por una simple resolución y que se hicieran otras acciones que la justicia deberá estudiar y evaluar, como se expondrá en la demanda que se instaurará porque todo esto lo consideramos de la mayor gravedad”. 

Además, Gélvez coincidió con lo expuesto por la Procuraduría que le ha puesto lupa a ese trámite en otros municipios, de que es indispensable garantizar el debido proceso administrativo,y los principios de igualdad, eficacia, moralidad, imparcialidad y publicidad.