Que se sepa, en Colombia no ha habido ni siquiera un intento para modificar o tratar de atarles las manos a los gobernantes o funcionarios de elección popular para el manejo de algunas potestades en el desempeño de las funciones propias del cargo.

Por ejemplo, el presidente de la República, los alcaldes y gobernadores son libres de escoger a los integrantes de su gabinete sin tener que pedirle permiso al Congreso, el Concejo y la Asamblea, porque se trata de una acción inherente a las tareas contempladas en la normatividad vigente.

El artículo 315 de la Constitución Política colombiana señala claramente y, sin rodeos, que entre las atribuciones de un alcalde figura la de “nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia (...)”.

Por eso se dice popularmente que cada torero llega con su cuadrilla en referencia a que cada uno decide como organiza su equipo de inmediatos colaboradores, que bien pueden ser todos tecnócratas, o una mezcla entre técnicos y políticos o como el titular de la administración lo considere conveniente para garantizar la ejecución del Plan de Desarrollo propuesto a la ciudadanía.

 Esta reflexión surge por la muy particular carta -que navega por las aguas de lo  macondiano y caricaturesco- escrita y enviada por el presidente del Concejo de Cúcuta, Nelson Ovalles, al alcalde Jairo Yáñez pidiéndole explicaciones y aclaraciones sobre cómo se nombraron los miembros del gabinete municipal.

Como muy bien se dijo en la nota informativa relacionada con este caso, muy pocas veces ha ocurrido en la ciudad, por no decir que nunca, un intento de intromisión y hasta de extralimitación de  funciones por parte de un servidor público cubierto por una investidura tan importante como la de cabildante y, como si fuera poco, cabeza visible de la corporación administrativa municipal.

Aquí se advierte un desbordamiento en la capacidad natural para juzgar rectamente por parte de Ovalles, pues una cosa es que los concejales tengan la facultad de ejercer el control político sobre la administración, pero otra cosa muy distinta es que eso se quiera llevar al extremo de que el gobernante municipal les tenga que pedir permiso, consentimiento y visto bueno para actuar.

Pareciera como si el munícipe de Cambio Radical y muy del corazón del condenado exalcalde Ramiro Suárez Corzo, quisiera aplicar la táctica de que hasta el más mínimo movimiento de una hoja le debería ser reportado a él.

Así no se ejerce la política a nivel de la democracia local, porque eso ni siquiera es oponerse testarudamente al gobernante de turno, sino que se trata de una acción en la que no se ocultan las intenciones de tratar de doblegarlo o de mantenerlo vigilado las 24 horas, como si de eso se tratara la misión  encomendada al Cabildo en el artículo 313 de la Carta Magna.

Que el alcalde tenga en su equipo más cercano a amigos suyos y alejados de las castas políticas tradicionales, eso no contraviene ninguna norma. Que el alcalde haya decidido abrir un banco de talentos para recibir hojas de vida, recibiendo cerca de 10.000, tampoco significa una afrenta para la ciudad  y, en cambio  sí, un alejamiento de las viejas y desgastadas prácticas politiqueras que condujeron al mismo cambio por el que la gente votó en las elecciones de octubre del año pasado. Entonces, dejen que el nuevo estilo se pruebe y arroje los frutos, que la historia después se encargará de dictar veredicto.