La polémica que rodeó el proceso de selección del nuevo contralor de Cúcuta para el periodo 2020-2021 no terminó con la elección de Martha María Reyes, el pasado viernes, y en las próximas horas se definirá si la Resolución 230, que reglamentó la convocatoria al cargo, es legal o no.

Tal y como ocurrió hace cuatro años, cuando la escogencia del nuevo titular del ente de control fiscal terminó naufragando en un mar de demandas y en un amplio debate jurídico que parecía no tener fin, en esta oportunidad será la justicia la que dé la última palabra frente a la pertinencia o  no de la elección que se surtió en el Concejo de Cúcuta.

Esto, luego de que el Juzgado Primero Penal Municipal de Cúcuta admitiera una tutela instaurada por el periodista Gabriel Angarita, mediante la cual busca dejar sin piso la convocatoria que se desarrolló desde el año pasado, y pide que se ordene iniciar una nueva, cumpliendo lo establecido en la ley, “en igualdad de condiciones, con el debido proceso y la participación ciudadana”.

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El recurso de amparo está sustentado en cuatro hechos que para el demandante violaron los derechos constitucionales de quienes se inscribieron para aspirar al cargo.

Uno de los principales argumentos que se esgrime, es que la mesa directiva del Concejo no garantizó la posibilidad de contar con un tiempo suficiente para la inscripción, pues limitó a apenas ocho horas este proceso, contrario a lo que ocurrió en otras ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Ocaña, en donde los interesados en participar tuvieron dos días o más para inscribirse.

“Se anexa igualmente la Resolución 007 del 19 de Julio de 2018 expedida por el Congreso de la República que reguló la elección del contralor general de la República y estableció un periodo de inscripción de dos días. Esta es una evidencia más, Señor Juez, que el proceso de inscripción no debe estar limitado a 8 horas como lo hizo la Corporación Municipal Concejo de Cúcuta (sic)”, alegó el demandante.

Insistió en que el cabildo contaba con todas las herramientas jurídicas disponibles para garantizar una convocatoria ajustada a derecho, pero consideró que la entidad terminó vulnerado las normas, al reducir el proceso de inscripción a tan solo un día.

Angarita también trajo a colación el Decreto 1083 de 2015, que hace referencia a los concursos de selección y en el cual se detalla claramente que los tiempos mínimos en cada fase, especialmente en cuanto al aviso de convocatoria y la fase de inscripción de aspirantes, no podrá ser inferior a cinco días.

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Adicionalmente, en la acción de tutela se alega que la Resolución 230 de 2019, expedida por la mesa directiva del Concejo de Cúcuta, en ninguna de las fases del cronograma publicó los ejes temáticos o temas objeto de evaluación, que también era un requisito obligatorio, con el fin de garantizar igualdad de condiciones y preparación de los participantes.

Empujón a la tutela

Aunque la elección de contralor ya se surtió y el Juzgado Primero Penal no accedió a la petición de suspender el cronograma del proceso de selección, como se pedía también desde el bloque minoritario del Concejo, la tutela que fue admitida recibió refuerzos.

El exaspirante al ente de control, Wilfried Manuel Aldana, solicitó su intervención como coadyuvante de la acción de tutela que hace trámite y para ello sustentó una serie de argumentos que, considera, demuestran que el proceso de convocatoria que se surtió “presenta vicios de fondo y de forma”.

Aldana asegura, por ejemplo, que la Universidad Francisco de Paula Santander, encargada de la convocatoria, no es una institución con acreditación de alta calidad, y por lo tanto el Concejo no debió suscribir ningún convenio o contrato para que los acompañara a sacar adelante el proceso.

Para sustentar su tesis, anexó como ejemplo el proceder de otros concejos en el país, que sí cumplieron con este requisito y seleccionaron instituciones acreditadas.

En ese sentido, asegura lo siguiente: “(...) habiendo realizado la fase de eliminación y pruebas respectivas con la asesoría y acompañamiento de una universidad que no cuenta con acreditación institucional de alta calidad, lo cual permite establecer que los resultados obtenidos y presentados a la corporación se encuentran viciados por procedimiento, legalidad constitucional y reglamentaria”.

El pasado viernes, durante la sesión en la que se eligió a Reyes como contralora, el tema de las acciones de tutela instauradas (otras dos fueron rechazadas por improcedentes), fue objeto de amplio debate en la corporación.

Al respecto, el concejal Carlos Dueñas, del Centro Democrático y quien votó en blanco en la elección, recordó que, teniendo en cuenta que uno de los recursos de amparo fue admitido, es que se solicitó que la votación se aplazara hasta tanto hubiera un fallo definitivo.

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“Dejamos la constancia ante la plenaria, pues este es uno de nuestros miedos: que haya un proceso jurídico en contra de la convocatoria que se surtió y este pueda determinar la suspensión de la elección, quedándonos sin la persona encargada de hacer el control fiscal”, manifestó Dueñas, al tiempo que dijo que están atentos de lo que ocurra con la tutela.

La petición de la Alcaldía

En vista de que el Juzgado Primero Penal ordenó vincular a la Alcaldía de Cúcuta a  la acción de tutela, para que se pronunciara sobre lo que considerara pertinente, el alcalde Jairo Yáñez respondió, pidiendo la nulidad del proceso.

En el escrito, el mandatario manifestó que es cierto que al limitarse el tiempo de inscripción a un solo día, se vulneraron los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana y equidad de género. 

Así mismo, planteó que para su administración, en la Resolución 230 expedida por el Concejo, no fueron incluidas las normas regulatorias relacionadas con las pruebas, específicamente en lo concerniente a sus ejes temáticos objeto de evaluación.

Adicionalmente y al igual que lo planteó el exaspirante Wilfried Manuel Aldana, para el alcalde, el Concejo pidió el acompañamiento de la UFPS, sin tener en cuenta que la universidad incumplía el requisito de encontrarse acreditada en alta calidad.

En consecuencia, el mandatario le pidió al juez amparar el derecho fundamental al debido proceso de quienes participaron en la convocatoria y anular así o dejar sin efecto “todas las actuaciones inconstitucionales e ilegales relacionadas con el concurso”.

Así mismo, solicitó que se le ordene al Concejo y a su mesa directiva, “inicie los trámites del mismo, dando cumplimiento a la normatividad vigente sobre la materia, garantizando a la ciudadanía en general el cumplimiento de los principios esenciales de participación ciudadana, transparencia, publicidad, equidad de género y criterio de mérito”.