Más de 1,5 millones de haitianos quedaron sin hogar, dejando a las autoridades y a la comunidad internacional ante un desafío colosal.
Diez años de la devastación de Haití

Haití recordó el domingo a las decenas de miles de personas que murieron en el devastador terremoto del 12 de enero de 2010, mientras el dolor se mezcla con la ira y la amargura por los esfuerzos fallidos de reconstrucción y la continua inestabilidad política del país.
Durante unos 35 largos segundos, un terremoto de magnitud 7 transformó la capital, Puerto Príncipe, y las ciudades cercanas de Gressier, Leogane y Jacmel en ruinas polvorientas, matando a más de 200.000 personas e hiriendo a otras 300.000.
Más de 1,5 millones de haitianos quedaron sin hogar, dejando a las autoridades de la isla y a la comunidad humanitaria internacional ante un desafío colosal, en un país que carece de un registro de tierras o de reglas de construcción.
“Ha sido una década perdida, totalmente perdida”, dijo el economista haitiano Kesner Pharel.
“La capital no ha sido reconstruida, pero nuestra mala gobernanza no es responsabilidad exclusiva de las autoridades locales; a nivel internacional no hemos visto un mecanismo para administrar la ayuda que permita que el país se beneficie”.
Los miles de millones de dólares prometidos por los donantes internacionales en las semanas posteriores a la catástrofe parecen haberse desvanecido, alimentando la amargura de los sobrevivientes que están hoy expuestos a los mismos peligros que existían antes del terremoto.
El desplome de edificios gubernamentales evidenció que la isla carecía de un sistema de prevención para mitigar el impacto de eventos naturales como un terremoto.
“En el punto de partida”
“Diez años después, vemos una concentración aún mayor de personas en el área metropolitana”, señaló Pharel.
“Si tuviéramos un terremoto de la misma magnitud, los resultados serían los mismos, ya que no hubo seguimiento en la mayoría de las casas reconstruidas”.
“El país nunca fue reconstruido y estamos de vuelta en el punto de partida”, aseguró.
El terremoto destruyó cientos de miles de hogares, así como edificios administrativos y escuelas, sin mencionar el 60% del sistema de salud.
Una década después, la reconstrucción del hospital principal del país sigue estando incompleta, y las organizaciones no gubernamentales luchan para compensar las muchas deficiencias del Estado.
“Tras el terremoto, vimos un gran flujo de casos de politraumas, con un número enorme de heridas. Ahora tuvimos que reabrir el centro de trauma, aunque las heridas ahora no tienen el mismo origen y, desafortunadamente, más del 50% de los heridos que vemos ahora son víctimas de disparos”, dijo Sandra Lamarque, jefa de misión de Médicos Sin Fronteras en Haití.
Miles de millones de dólares fueron comprometidos para la reconstrucción del país caribeño, pero hasta el momento estas promesas de inversión se han quedado en el aire.
Protestas que no cesan
Haití se ha visto también afectado por una grave crisis sociopolítica.
En el verano boreal de 2018, los escándalos de corrupción que implican al actual presidente Jovenel Moise y a todos los gobiernos posteriores al terremoto provocaron una fuerte y violenta reacción.
Las protestas han sido protagonizadas sobre todo por jóvenes -más de la mitad de los habitantes de Haití son menores de 30 años- que viven con pocas posibilidades de empleo en un país marcado por una creciente inseguridad, en medio de frecuentes enfrentamientos entre pandillas armadas.
Las manifestaciones antigubernamentales se extendieron a ciudades de todo el territorio, paralizando la vida cotidiana entre septiembre y diciembre del año pasado.
La debilidad estatal, expuesta al mundo tras el terremoto, solo ha crecido: las elecciones a la Asamblea Nacional previstas para noviembre simplemente no se llevaron a cabo, lo que significa que el mandato de la cámara baja expirará hoy.
Sin un parlamento que funcione, el presidente Moise, quien es fustigado no solo por sus opositores políticos sino por una gran parte de la población civil, ahora tendrá la posibilidad de gobernar por decreto.
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