Martha María Reyes, considerada la ficha del ramirismo, defendió su trayectoria como funcionaria pública.
Las sombras de una candidata a la Contraloría de Cúcuta
A menos de dos días de adelantar la elección del próximo contralor de Cúcuta, el Concejo surtió la fase de entrevistas con los ternados, que aspiran a asumir el control fiscal de la capital de Norte de Santander.
Por más de dos horas, los candidatos Felipe González, Uriel Quintero y Martha María Reyes fueron increpados por los corporados, quienes preguntaron sobre su gestión en el órgano de control si son elegidos, y sus cuentas pendientes con la justicia.
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La respuesta que más causó revuelo, fue la de Reyes, considerada la ficha del ramirismo en la carrera por suceder a la contralora Blanca Cruz González.
A la pregunta de si ella tenía investigaciones en curso, Reyes defendió su trayectoria como funcionaria pública y negó tener deudas penales o disciplinarias, que puedan empañar su transparencia para liderar las riendas de esta entidad.
“He ejercido mis cargos públicos de manera más transparente. Hemos trabajado por el bien de este departamento y de esta ciudad”, dijo la candidata.
En su intervención, esta comunicadora social de profesión pasó por alto que tiene cuatro procesos en curso en la Procuraduría General de la Nación, tres de ellos en etapa probatoria por presuntas irregularidades contractuales y por aparente apropiación de recursos públicos en la Alcaldía.
Estos cargos reposan en la Procuraduría Provincial de Cúcuta, que actuó contra la sindicada el año pasado.
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Otro proceso se encuentra en fase de evaluación y también están relacionados con aparentes anomalías en la contratación pública y detrimento patrimonial.
La pregunta, que también puso contra las cuerdas a esta aspirante, fue la del concejal ‘verde’, Edward Varón. El corporado levantó interrogantes sobre un posible conflicto de intereses para investigar a funcionarios de la administración de César, de la que hizo parte como secretaria General.
Reyes aseguró que haber ejercido este cargo no representa un impedimento para adelantar investigaciones contra algún servidor público del anterior gobierno.
“Actuaré con total independencia y haré conforme exige la ley. Haré los procedimientos de responsabilidad fiscal a la persona jurídica que haya incurrido en algún comportamiento anómalo”, indicó esta comunicadora social.
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