En el país –y Cúcuta no es la excepción– los Programas de Alimentación Escolar (PAE) han dado para todo. Incluso, para destapar profundos entramados de corrupción de empresas que, sin ningún escrúpulo, se dedican a robarse un dinero que debe ser sagrado: el de la alimentación de los niños de los colegios con mayores necesidades del país. 

En Colombia el PAE llega a cerca de 5 millones de niños, reparte 6 millones de raciones diarias y mueve 1.6 billones de pesos al año. Hace cuatro años, el Gobierno decidió entregarles el programa a los gobernadores y alcaldes con el propósito de descentralizarlo y adaptarlo a las necesidades y realidades de cada zona, pues antes era manejado por el ICBF y por el Mineducación. 

Pero ese cambio no parece haber blindado el programa sino por el contrario, lo ha mantenido expuesto a los tentáculos de la corrupción local, que ha visto en el PAE una oportunidad para desviar millonarios recursos a bolsillos particulares. 

Las modalidades más comunes probadas por los órganos de control en distintas zonas del país tienen que ver con los sobrecostos en la compra de alimentos, con la mala calidad en los alimentos que se entregan e incluso, con el incremento de la planta de alumnos para registrar entregas de raciones a estudiantes fantasma. 

Cúcuta no ha sido la excepción y también ha tenido contrataciones cuestionadas, que han llegado incluso a capturas de funcionarios, como ocurrió en 2017 con los representantes de la Unión Temporal ‘Dadle Vosotros de Comer’, y algunos funcionarios de la Alcaldía que fueron detenidos por la Fiscalía, tras una investigación que documentó irregularidades en el contrato. El ente acusador los investigó por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por un monto cercano a los 3.600 millones de pesos.

En mayo de este año, la Procuraduría Provincial de Cúcuta emitió una sentencia de primera instancia en contra del exsecretario General de la Alcaldía, Jimmy Galán, a quien destituyó e inhabilitó por 11 años para ocupar cargos públicos por irregularidades en la contratación del PAE durante la administración de Donamaris Ramírez. 

Pero a pesar de todas las advertencias de los órganos de control y de los escándalos que han existido, las administraciones siguen empeñadas en entregar la delicada alimentación escolar a firmas cuestionadas. 

En Cúcuta acaba de suceder con el contrato adjudicado a la Unión Temporal Alimentar Cúcuta 2020 el pasado viernes, a pocos días de concluir la administración de César Omar Rojas Ayala. 

Por 20.423 millones de pesos, este consorcio, único proponente en la licitación,  será el encargado de operar el PAE en 63 establecimiento educativos de la ciudad, desconociendo que sus socios mayoritarios se encuentran enredados por sanciones y cuentas por pagar con entidades del Gobierno Nacional, que dejarían en entredicho su idoneidad para operar este programa. 

A pesar de las advertencias hechas por varias veedurías ciudadanas y por este diario, la contratación se dio, lo que eventualmente, de presentarse problemas, podría poner en riesgo el suministro alimentario de más de 58 mil niños de Cúcuta y el área metropolitana. 

Pareciera que las lecciones de años anteriores no han sido suficientes.