Ante la decisión de suspensión del servicio para Uber por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por causas de competencia desleal, la plataforma tecnológica respondió que esa orden es “un acto de censura e infringe la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.

La compañía extranjera le recordó al Gobierno colombiano que ha aportado cerca de $70.000 millones en impuestos, entre ellos, en el IVA, y que brinda empleo a 88.000 socios conductores que están afiliados a su red.

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Por ello, apeló el fallo de la Superintendencia ante el Tribunal Superior de Bogotá.

La compañía explicó su posición porque “esta decisión refleja un acto de censura e infringe la Convención Interamericana de Derechos Humanos que ya condenó los intentos de bloqueo de la aplicación y sitio web de Uber por violar la neutralidad de red, libertad de expresión y libertad de internet”.

“Resulta contradictorio con las banderas de innovación, emprendimiento y economía naranja que el Gobierno nacional defiende y promueve”, dijo la empresa.

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La Superintendencia de Industria explicó que esta decisión no tiene un impacto inmediato en el funcionamiento de la aplicación ni en el trabajo de los conductores.

El Superintendente añadió que esta decisión no afecta a los usuarios ni a los conductores e incluso señaló que el servicio “seguramente” se está prestando de manera normal porque la determinación se dio en medio de un pleito entre dos compañías.