El pasado jueves publicó este diario un informe sobre el nuevo contrato de interventoría que se propone adjudicar en los próximos días la Administración Municipal de Cúcuta, para vigilar la operación del relleno sanitario Guayabal, a cargo de la empresa Veolia, la concesionaria del servicio de aseo en nuestra ciudad.

Todo parece indicar que a esta decisión se llega sin haberse cumplido y agotado la totalidad de los requisitos y formas legales previstas y vigentes, tras una serie de hechos y maniobras non sanctas urdidas en forma casi clandestina por algunos funcionarios de la administración, pues la empresa concesionaria del servicio de aseo no fue consultada sobre el particular ni se llevó a cabo el elemental proceso de discusión y análisis que es imprescindible hasta llegar al respectivo consenso y acuerdo final.

El contrato 0618 de concesión del servicio de aseo fue suscrito en el año 2000 entre el municipio de Cúcuta y la entonces empresa Aseo Urbano. Entre 2001 y 2008, el municipio contrató ocho interventorías que se pagaron con recursos propios de la administración local. A partir del 2009 y hasta el 2013 se prescindió de la interventoría y se delegó la función de supervisión a la Secretaría de Hacienda; en 2014 la supervisión pasó a la EIS que la tuvo hasta el año 2016. Entre 2017 y 2019 pasó otra vez a la EIS.

Ahora el municipio ha decidido contratar una nueva interventoría, pero pasando por encima de las más elementales normas de la administración pública, como quiera que el operador está cumpliendo debidamente con sus compromisos y no hay motivaciones o argumentos para hacer modificaciones unilaterales al contrato.

Y lo más grave, como el municipio está en bancarrota, la administración pretende que los gastos de la pintoresca interventoría los asuman los cucuteños por la vía de las tarifas.

Esto es abiertamente ilegal, por lo cual se ha producido un llamado de advertencia de la Procuraduría y se ha solicitado la urgente intervención de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Veolia por su parte, anuncia también acciones legales por las modificaciones unilaterales al contrato de concesión del servicio de aseo.

En su control de advertencia, la Procuraduría señaló que la ley es clara al establecer que en la factura de los servicios públicos solo se deben incluir elementos relacionados con la prestación del mismo, existiendo una prohibición legal de efectuar cobros distintos a las tarifas por concepto de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Preocupa la serie de hechos irregulares que se han denunciado en los últimos días en torno al funcionamiento de entidades municipales como la EIS, Imsalud, la interventoría del servicio de aseo y la escombrera municipal.  Aparecen entuertos tras entuertos. 

La comunidad cucuteña debe declararse, a través de los gremios, los entes de control, las organizaciones comunales y las veedurías cívicas, en estado de alerta general para evitar que se cometa un nuevo abuso y asalto contra sus intereses, que es como podría definirse la interventoría que está a punto de contratar la administración municipal, pero que ésta no la va a pagar, sino que proponen que la paguen los usuarios a través de las tarifas. 

Lástima grande que el Concejo Municipal de la ciudad le dé la espalda a esta denuncia, como lo ha hecho también con otros asuntos que afectan a la ciudadanía.
Ojalá Ios próximos miembros de esa corporación que inician sus funciones a partir del 1 de enero de 2020, no sigan con la misma indiferencia y desfachatez de sus antecesores y adopten una actitud responsable para que no se consuma este nuevo atropello contra la ciudadanía cucuteña.