Cuarenta y dos años hace que Colombia estaba en una situación de crispación y agitación similar a la de hoy por el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977 contra el gobierno del entonces  presidente Alfonso López Michelsen, siendo un referente porque ha sido uno de  los movimientos de protesta más fuertes de la historia.

Este contexto lleva a indicar que hay innumerable desafíos no cumplidos por los cuales los colombianos saldrán a las calles a reclamar, porque aunque las noticias falsas han pululado y muchos de los pedidos no corresponden a la realidad, hay otros a los cuales el Gobierno debe prestar atención.

Hemos oído que los promotores del paro del 21 han dicho que el gobierno del presidente Iván Duque  prepara regresivas y asfixiantes reformas pensionales y laborales, que van desde el aumento de la edad de jubilación, la elevación del porcentaje de cotización, el desmonte de la prima media y la ‘privatización’ de Colpensiones, el propio jefe de Estado y los ministros no han cesado de desmentir lo dicho.

Luego esto y lo planteado en el frente laboral, que de acuerdo con la exposición oficial también obedece a señalamientos sin fundamento, debe llevar al propio Estado colombiano a ratificarlo públicamente en un gran acuerdo nacional, porque aunque los levantamientos populares en Ecuador y Chile fueron atribuidos en parte a manipulaciones del Foro de San Paulo, lo cierto es que la protesta social debe ser escuchada y atendida como un derecho ciudadano.

Esa posibilidad de salir a las calles para marchar, hacer plantones o manifestarse en los parques y plazas públicas es propia de países civilizados y respetuosos de las leyes y de los derechos humanos, pero todo dentro de los cánones de la paz y del respeto a los demás.

No debe haber lugar a los actos vandálicos o las acciones destructoras contra, por ejemplo, el transporte, los edificios públicos, el comercio o las empresas, porque eso es escalar a peligrosos niveles de violencia que nada bueno le traen a un país y una sociedad que están tratando de superar más de medio siglo de conflicto armado.

Es necesario que la jornada de este 21 de noviembre sea aprovechada por las fuerzas sociales, estudiantiles, obreras y de educadores, entre otras, para llamar a una gran mesa de concertación con los poderes Ejecutivo y Legislativo para discutir los cambios profundos que se requieran para la consolidación de nuestra patria y así empezar a cerrar las brechas y subsanar aquellas situaciones que han envejecido mal y continúan gravitando negativamente sobre el presente y futuro de los colombianos.

Además, el mensaje que las calles le envíen al Gobierno Nacional tiene y debe ser recibido y puesto en consideración de las diferentes carteras ministeriales, porque el diálogo y la valoración son indispensables, y no todo puede llegar a arreglarse con acciones de fuerza que abren más heridas y aislan más al poder presidencial de sus gobernados.

Así como se les hace el llamado a quienes vayan a las marchas para que la paz sea el escudo que las proteja, a las autoridades hay que decirles también que en la medida de lo posible se abstengan de lanzar operaciones de excesiva fuerza que pasen la línea y se transformen en acciones represivas contra la población.