Los esfuerzos por parte de 36 organizaciones defensoras de derechos humanos, de concertar una política pública con el Gobierno Nacional, cuyo eje son las garantías y el respeto para la población civil de Norte de Santander, se paralizaron desde ayer.

El recrudecimiento de la violencia en varias zonas del país, especialmente en el norte del Cauca, empujó a estos colectivos sociales a solidarizarse con el dolor de las comunidades afectadas por la inseguridad, y a romper el diálogo con el Ministerio del Interior para construir esta iniciativa gubernamental. 

Entre el 5, 6 y 7 de noviembre, estas Ong tenían previsto reunirse en el Hotel Casablanca, con una delegación de este despacho. Sin embargo, el asesinato de 10 personas en medio de dos masacres, que la semana pasada conmocionó al país, y la muerte de ocho menores de edad durante un bombardeo de las Fuerzas Militares, que se ventiló el martes en una sesión del Congreso de la República, empañó este escenario de concertación.

“Estas situaciones nos lleva a que no podemos seguir construyendo una política pública para la defensa de los derechos humanos, sin garantías reales a la labor que cada uno desempeña en el territorio nacional. A este decisión, que se adoptó desde el miércoles, se han sumado organizaciones del Cauca, Cesar y Guajira”, señaló Olga Lucía Quintero, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

En un comunicado conjunto, estos defensores de derechos humanos aseguraron que el departamento ha sido objeto de múltiples violaciones, que se han cometido por parte de actores armados y agentes del Estado. 

Asimismo, ellos aprovecharon para denunciar el incumplimiento del Acuerdo de Paz durante la presidencia de Iván Duque, y se mostraron preocupados por el desembarco de más tropas del Ejército Nacional, que “constituye una amenaza contra la vida, seguridad e integridad de las comunidades de la región”, puntualizó el pronunciamiento.

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Alerta en el pueblo motilón barí

Sobre casos puntuales, estas organizaciones se refirieron con inquietud a los hechos de amenazas de los que, presuntamente, vienen siendo víctimas integrantes de la Precoperativa Agroindustrial Semilleros de Paz Colombia, quienes adelantan varios procesos de reclamación de tierra en la hacienda La Esmeralda, del municipio de Tibú. Esta situación ya fue denunciada ante las autoridades competentes.

“La ausencia de respuesta por parte de la Fiscalía en materia de investigación, juzgamiento y sanción de estos hechos, así como en las garantías de seguridad por parte del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, ha posibilidad el incremento en las amenazas, desplazamiento forzado, extorsión, desaparición forzada y reclutamiento de menores”, precisó el documento.

Otro tema que se abordó en estas declaraciones, fue la crisis de seguridad que atraviesa el pueblo Motilón barí. 

En los últimos  dos años, esta comunidad ancestral ha sufrido siete acciones violentas contra los colonos.

“Nosotros, que estamos viviendo en el territorio, es muy difícil la situación, porque sufrimos una arremetida militar contra nuestro territorio. La suspensión de la construcción de este instrumento nos preocupa, porque nosotros vemos como prioritario el cuidado de los derechos humanos”, puntualizó,  Alexander Dora Dora, vocero del pueblo barí.