Impulsar el desarrollo de la región a través de las economías lícitas, garantizar territorios seguros y en paz, y optimizar servicios de salud, educación y saneamiento básico, son algunos de los retos que deberá afrontar desde el 1 de enero de 2020, el próximo mandatario de los nortesantandereanos.

El nuevo gobernante recibirá las riendas del segundo departamento a nivel nacional con la mayor tasa de desempleo con 13,4%, con grandes brechas entre lo urbano y lo rural, y constantemente golpeado por las acciones de los  grupos armados como Epl, Eln y disidencias de las desmovilizadas Farc-Ep.

A continuación algunas de las problemáticas a las que tendrá que hacerle frente el nuevo dirigente regional:

Cultivos ilícitos e inseguridad

Según reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), mientras que a nivel nacional, en 2019, se redujo el número de hectáreas de coca sembradas, en Norte de Santander la siembra aumentó, convirtiéndolo en el segundo departamento con más coca en Colombia con  33.597 hectáreas, la mayoría de ellas sembradas en Tibú, Sardinata y El Tarra.

Una de sus tareas más urgentes será impulsar la sustitución de cultivos de uso ilícito, pues en el Plan Nacional de Sustitución (PNIS),  solo se tiene registradas cerca de 3.000 familias de Tibú y Sardinata que representan un poco menos de 3.000 hectáreas de coca.

Los cultivos de coca y en general la economía ilegal siguen haciendo de la región un fortín para los grupos armados ilegales. El Eln, Epl, y disidencias de las Farc-Ep se siguen disputándose esta zona, ocasionando según la Defensoría del Pueblo, seis desplazamientos masivos en lo corrido del año, afectando a cerca de 1.779 personas.

A la par de esta situación, el orden público es otro de los problemas más críticos de la región. En lo corrido del 2019 se han reportado   decenas de hostigamientos explosiones, atentados, entre los grupos insurgentes y la fuerza pública en municipios como San Calixto, Teorama, Tibú, Hacarí, Sardinata, Ábrego, entre otros.

Norte de Santander presenta una tasa de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que la nacional es de 24. Solo en los primeros seis meses del año se registraron 329 muertes violentas. Adicionalmente, cerca de 150 personas han sido reportadas como desaparecidas a corte de agosto.

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Salud, educación e infraestructura

En cuanto a infraestructura en salud, durante la vigencia 2020-2023, se construirán los hospitales de El Zulia, Toledo y Arboledas. El nuevo gobernante deberá trabajar de la mano del Instituto Departamental de Salud IDS, para gestionar recursos para la construcción del Hospital del municipio La Esperanza el cuál fue aprobado sin asignación presupuestal.

También tendrá que blindar al departamento contra enfermedades trasmisibles como el dengue, que actualmente tiene al departamento en el puesto cinco a nivel nacional con 5.714 casos registrados según el último informe epidemiológico nacional.

En el ámbito educativo,  para poder abarcar toda la demanda de estudiantes extranjeros que han ingresado al departamento, aproximadamente 21.020 (11.101 de los 39 municipios y 9.920 de Cúcuta) la Secretaría de Educación Departamental trabaja en un propuesta que permitiría traer el calendario B al departamento. Villa del Rosario, Sardinata, Puerto Santander y Ocaña serían, en principio, los cuatro municipios priorizados para comenzar el nuevo calendario académico, que sería de septiembre a julio. De prosperar esta iniciativa el nuevo gobernante deberá incluirla en su plan de trabajo.

El nuevo gobernante deberá además promover propuestas educativas intersectoriales para atender las dificultades del Catatumbo, y prevenir el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales.

Mejorar la conectividad vial entre las poblaciones rurales, adecuando los cerca de 4.749 kilómetros de vías terciarias sin pavimentar para impulsar el agro y mejorar las condiciones de la vida de la población también es una de las necesidades más apremiantes.

Seguir poniéndole frente a la crisis migratoria y generar alternativas que permitan aliviar al departamento de lo que conlleva recibir a cerca de 176.695 retornados, es otra de las tareas que debe afrontar.

Servicios públicos y saneamiento básico

Mejorar la cobertura en servicios públicos en la región es clave. El 68,41% del departamento tiene servicio de acueducto, el 67,7% de alcantarillado, el 98,8% tiene energía eléctrica y en el 27% de la región hay acceso a internet. 

A esto se le suma que deberá velar por la calidad del agua pues según la medición del ‘índice de riesgo de la calidad de agua para el consumo humano’, 14 municipios se abastecen de agua sin riesgo, 12 con riesgo bajo, 13 en riesgo medio y uno en alto. 

Los cascos urbanos con menores coberturas de agua potable corresponden a los municipios de Villa del Rosario, con el 85%, Convención y Tibú, con un 88%. 

Además solo el 92% de los residuos sólidos generados en Norte de Santander son llevados a rellenos sanitarios.

Impulsar los Pdet

En septiembre pasado la Asamblea Departamental aprobó una ordenanza que define los lineamientos para adoptar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) dentro de sus políticas públicas. El gobernante entrante deberá trabajar de la mano de los alcaldes de los 8 municipios PDET: Tibú, Sardinata, El Carmen, San Calixto, Convención, Hacarí, Teorama y El Tarra, para sacar adelante las propuestas de infraestructura, educación, economía, salud, paz, desarrollo rural, entre otros, consensuadas con cerca de 8.000 personas durante la construcción de estos planes, los cuales hacen parte del Acuerdo de Paz.

  Mediante la estrategia Catatumbo Sostenible, liderada por el consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, el gobernador deberá seguirle los pasos a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Santurbán, otro reto

El nuevo gobernador recibe un páramo Santurbán en ajustes de la delimitación que en 2014, hizo el Ministerio de Ambiente por medio de la Resolución 2090. Tras una tutela y la posterior orden de la Corte Constitucional de delimitarlo nuevamente garantizando la participación de las comunidades, se inició un proceso que ha tenido varias prórrogas y actualmente está en fase de concertación.

Se espera que en diciembre esté lista la nueva delimitación, sin embargo, organizaciones ambientales, campesinos, defensores del páramo y colectivos de abogados, han argumentado que el proceso sigue con falencias por tanto las comunidades que habitan en Santurbán siguen sin tener claro la forma en que se hará la reconversión de actividades agrícolas.