El presidente Iván Duque dijo que “esa ley ha mostrado beneficios incontrovertibles”.
La ley que se cayó
La reforma tributaria del gobierno del presidente Iván Duque, conocida eufemísticamente como Ley de Financiamiento, no resistió la lupa que le puso la Corte Constitucional, saltando la liebre de las consecuencias producidas por una ‘jugadita’ que le salió mal al senador uribista Ernesto Macías cuando ostentaba la presidencia del Congreso de la República.
El desplome de esa norma no es, ni mucho menos, la debacle apocalíptica. Lo acaba de decir el gurú Richard Francis, director de calificaciones soberanas de Fitch Ratings: “Para mí no es tan catastrófico, el Gobierno ha dicho y estoy de acuerdo en que la Ley de Financiamiento ayudará con la inversión y con el crecimiento, pero no pensamos que va a tener un impacto tan dramático”.
Así que tampoco se vendrán las penumbras con un costo de 1,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) como lo previó el Gobierno, que a la luz de calificadoras como la señalada debería estar tranquilo, porque el cálculo sería de apenas 0,2 puntos del PIB.
Tal vez la noche le haya llegado es al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por haber pasado ya a los libros de historia de Colombia al ser uno de los pocos a los que le tumbaron de un solo tajo la estructura que había ideado para conseguir recursos por siete billones de pesos. ¡El fallo no fue por cuestiones de fondo sino de forma!, dicen quienes lo defienden.
Sí, claro, pero y ¿cómo así así que un poderoso miembro del gabinete ministerial como él no blinda todas las acciones legales y de procedimiento para prevenir una decisión de la Corte Constitucional que ya estaba cantada?
Puede ser que Carrasquilla pecó en exceso de confianza al tener en la presidencia del Senado a uno de los más acérrimos seguidores y defensores del uribismo, como lo es el senador Ernesto Macías, algo que es muy difícil de creer porque ya es un ducho en estas lides, al ser titular de esa misma cartera en tiempos del expresidente Álvaro Uribe.
Cuestionado por los bonos del agua, pero salvado de una moción de censura, criticado por dichos como el de que el salario mínimo de Colombia es muy alto y fuertemente resistido entre los ambientalistas y defensores de los páramos, por su designación como ministro ad-hoc para el páramo de Santurbán, aparte que hasta su jefe Uribe, con tono de regaño le reclamó que hable claro sobre la reforma pensional y, como si fuera poco, lo pusieron en la mira por distraerse jugando con su celular, en el Congreso.
Mientras a Macías lo señalan por haber motivado que el proyecto se saltara una de las etapas estructurales del proceso legislativo, como es el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, en Norte de Santander, el desplome de la ley le abrió una puerta para que se ataje la doble tributación que aparecía en la norma declarada inexequible por la guardiana de la Constitución.
El asunto se refiere a la posibilidad de desmontar el doble cobro del IVA a las empresas que funcionan en las zonas francas del país, entre ellas la de Cúcuta, y así dejar intacto el atractivo de la exención a los inversionistas extranjeros. Cuando el proyecto regrese al Congreso de la República, ahí tendrán una tarea nuestros congresistas que ojalá aprovechen la oportunidad para que la región tenga un tratamiento tributario preferencial, por las gravosas condiciones que enfrenta en todos los órdenes.
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