Margarita Cabello Blanco, la ministra de Justicia, dio luces sobre la posibilidad de que se liquide el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, luego de la fuga de la excongresista conservadora Aída Merlano de un centro médico en el norte de Bogotá. Para la funcionaria, en este hecho hubo una cadena de irregularidades y por ello la decisión anunciada ayer de la salida del director de la entidad, el general William Ruiz, y de la directora de El Buen Pastor, Diana Muñoz.

“Hay que revisar muchas cosas del Inpec, porque ya tocó fondo y nos toca como Gobierno enfrentar eso. Se han estudiado todas las decisiones y pensar en liquidarlo es una de las posibilidades sobre la mesa, ahora hay que ver que implicaciones tiene eso”, recalcó Cabello.

La ministra calificó este episodio como “un reality” por la forma cinematográfica manera en que se dio la huida de Merlano que ya completará 48 horas y su paradero se desconoce. También señaló que es incomprensible que de parte del Inpec se hayan dispuesto dos guardianes para la seguridad de la excongresista que acudía a una cita médica, aparentemente, para un diseño de sonrisa cuya autorización se está revisando.

Para Cabello no se deja de sorprender la sucesión de anomalías que rodearon la fuga de la política que se hizo elegir por el partido Conservador y cuya curul actualmente es ocupada por Soledad Tamayo.

“Hubo un incumplimiento de los protocolos del Inpec. Desde el permiso para ir al centro médico, la designación solo de dos guardias y uno de ellos esperando dentro del carro en el parqueadero”, sentenció Cabello.

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No obstante, la decisión de acabar con el Inpec tendría un obstáculo histórico: sus casi 90 organizaciones sindicales que agrupan a personal de la guardia y administrativo, y que son los primeros en frenar una posible liquidación. Por ello, la titular de la cartera de Justicia reconoció que ya han hablado con representantes de algunos de estps colectivos para llegar a una solución.  

“Hay medidas de choque que serán rápidas – expuso Cabello – como la construcción de cárceles y la contratación transparente, entre otras; pero a largo plazo se requiere de un análisis serio de lo que vamos a hacer”.

Sobre el caso del escape relató, aunque no es propiamente de su competencia, que sabe que ya hay varios organismos de inteligencia siguiendo la pista de la política barranquillera y vaticinó que, de comprobarse alguna ayuda por parte de sus hijos, ellos también enfrentarán a la justicia.

De otra parte, la fiscal Claudia Carrasquilla, directora de Seguridad Ciudadana del ente investigador, dijo desde Santa Marta, que avanzan en la identificación de quienes aparecen en la vídeo de una de las cámaras de seguridad para individualizar responsabilidades y, de acuerdo a las imágenes, proceder a la apertura de algún proceso penal.

“Al parecer, en las imágenes hay un menor de edad, por eso se indicó que la señora Aida Merlano se le pidió orden de captura por la fuga y por la posible instrumentalización de un menor de edad . Estamos estableciendo si es un familiar o es alguien cercano a ella. En los videos se observa cuando tres personas la abrazan, esto nos permite inferir algún tipo de cercanía”, detalló la fiscal.

Sobre la participación del presunto ortodoncista, Carrasquilla dijo que también buscan establecer cuál fue rol en todo el plan de fuga y si el hecho de haber alquilado el consultorio pudo ser parte de todo este entramado.

En las últimas horas se conoció que quien dice ser ortodoncista es un teniente coronel retirado del Ejército que responde al nombre de Javier Guillermo Cely y quien, estando en la vida militar, fue subdirector de Sanidad Militar.

Carrasquilla añadió que “creemos que (Merlano) todavía se encuentra en Bogotá porque inmediatamente las autoridades iniciaron un plan candado por todas las salidas que tiene la ciudad”.