Los políticos que tanto pregonan el cambio de las costumbres, volvieron a dejar muy mal parado a Norte de Santander en el concierto nacional, al seguir aplicando la ilegal estrategia del trasteo de votos para controlar a los electores o para torcer los resultados a favor de determinados candidatos y partidos.

Y la sindéresis entre lo que piensan, hablan y actúan tampoco existe, pese a saber que el Código de Procedimiento Penal advierte que quien incurra en fraude a inscripción de cédulas tendrá una condena de 4 a 9 años de prisión y multa hasta de $156 millones. Eso no importó y de las 258.300 cédulas que se registraron en los diversos puestos de votación, a 55.780 el Consejo Nacional Electoral les invalidó ese trámite en el departamento.

¿Saben ustedes lo que podría pasar en la eventualidad que la Fiscalía decidiera abrir procesos ante la comisión de ese delito? Que los poseedores de esos documentos podrían ser llamados a responder al tenor del artículo 389 de la Ley 599 de 2000.

Se desconoce hasta donde decidirá actuar la justicia colombiana, pero por lo menos se espera que llame al banquillo a quienes indebidamente logren que personas habilitadas para votar inscriban la cédula en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en la elección.

Pero lo cierto es que ya va siendo la hora de ponerle fin a las triquiñuelas que se utilizan para manchar el debate democrático, como esta de la trashumancia, de la cual lastimosamente Norte de Santander no ha podido escapar y siempre aparece en los primeros lugares, con un alto número de municipios declarados en alerta por los riesgos de la comisión de delitos contra el sufragio.

Pareciera que de nada vale que el CNE anuncie estas anulaciones o que la Misión de Observación Electoral (MOE) levante la voz para advertir que por aquí y en Antioquia, Atlántico, Santander, entre otros departamentos, la votación sea manipulada de esa forma. ¿Qué hacer? Ahí está el dilema, porque lamentablemente en nuestro país, como se dice en el argot popular, hecha la ley hecha la trampa.

Pero indudablemente el ciudadano debe comenzar a entender y comprender que él, su conciencia  y su cédula son los más poderosos elementos para derrotar y desterrar estas prácticas corruptas, en primer lugar, no accediendo a que lo induzcan a irse a votar a otra zona o pueblo para ayudar a un vecino a quien el político le prometió que sin ayudaba a elegir a su candidato, le daría un puesto, por ejemplo.

No. Así no funcionan las democracias. Y menos prestarse para que por unos cuantos pesos, que no son ni los suficientes para soportar las angustias económicas que se tengan, pero sí demoledoramente impactantes desde el punto de vista ético y moral, porque al admitir trastear su voto de esa forma, ya está viciando el sagrado derecho de elegir y ser elegido.

Y desde el punto de vista eminentemente electoral, de nuevo hay que caer en el lugar común de la tan anhelada pero nunca conquistada reforma electoral para extirpar esas prácticas y procurar blindar al elector primario de las planificadas estrategias politiqueras con las que unos se perpetúan en el poder local y otros buscan llegar para pelechar y convertir a los municipios o departamentos en sus fortines. Ni un apoyo más para ellos ni sus prácticas que envilecen el voto.