El intento fallido de la Alcaldía de Ocaña para retomar el control de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (Espo), en cumplimiento de una orden judicial por parte del Tribunal Administrativo del Norte de Santander, sigue dando de qué hablar.

El alcalde encargado Wilmar Bayona Ibáñez decretó la urgencia manifiesta para suscribir un contrato con la Empresa Semsa EPS de Puerto Colombia, durante tres meses a partir del primero de octubre, por un monto de $1.800 millones para la prestación de los servicios en Ocaña.

Bayona afirmó que la medida es de carácter provisional para la retoma de los activos, mientras se hace la convocatoria a la concesión pública y se entregue en arrendamiento a una empresa con capacidad, técnica y financiera.

Por su parte, el gerente de la Espo, Gabriel Ángel Álvarez Duarte, instauró una acción de tutela para frenar el procedimiento.

“Que nos maten, pero no dejaremos que se entreguen los servicios al mejor postor”, manifestó.

Álvarez califica esta acción como un ‘negociazo’ en donde concejales y funcionarios de la administración municipal habrían recibido elevadas sumas de dinero.

Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos centró su atención en esta situación e inició las investigaciones para dirimir el conflicto. 

Tras la pelea entre funcionarios de la alcaldía y la ESPO en la planta de tratamiento el viernes pasado, el ente de control se encuentra en máxima alerta para investigar posibles irregularidades.             

El viernes pasado  hubo un encontrón entre funcionarios de la alcaldía y Espo en la planta de tratamiento.

La tutela

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ocaña admitió la acción de tutela promovida por la Empresa de Servicios Públicos en contra de la alcaldía, la inspección municipal y el comandante de la Policía de Norte de Santander.

El juzgado mediante el acto del día 13 de septiembre de 2019 notificó la admisión de la acción de tutela promovida por la ESPO a las partes.

“Se les hace saber que se accede a la medida provisional peticionada y, en consecuencia, se ordena a las entidades accionadas se abstengan de realizar actos en las instalaciones de la ESPO que perturben y obstaculicen la prestación de los servicios públicos”, señala el órgano de justicia en el auto.

El juzgado tiene pendiente un Comité de Verificación para el 20 de septiembre de 2019.

Frente a la acción de tutela, Bayona, indicó que es una acción constitucional de todo ciudadano, y la administración municipal tiene sus fundamentos jurídicos.

La tutela establece que el servicio no debe verse interrumpido. 

En Ocaña hace tiempo se viene haciendo el plan de contingencia con la urgencia manifiesta y la contratación de un operador transitorio.

No va a ver ninguna afectación de los servicios en Ocaña. Hasta que no haya una sentencia en contra se continuará con los procesos porque la sentencia está en firme y ejecutoriada en primera y segunda instancia, puntualizó el auto del órgano de control.