15 años de prisión es el tiempo que deberá pagar la excongresista Aida Merlano (Partido Conservador) luego de que la Corte Suprema de Justicia la halló culpable de los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante. La política en la actualidad se encuentra recluida e la cárcel El Buen Pastor desde donde ha denunciado violaciones a los derechos humanos en su contra de parte del cuerpo de custodia del Inpec.

La decisión se suma a la que en su momento profirió la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró nula su elección por lo que su curul fue asumida por Soledad Tamayo.

La Sala fundamentó su decisión en que encontró demostrado que existió una organización liderada por Merlano Rebollo que operaba principalmente en Barranquilla, la cual tenía como propósito conseguir votos a través del ofrecimiento y entrega de sumas de dinero.

El alto tribunal precisó que “una conducta corrupta de tal relevancia” tiene un impacto en la sociedad, ya que ve defraudado sus intereses con la presencia de un “representante ilegítimo”. Además, estableció que dicha elección generaba “un traumatismo en la conformación, organización y debida ejecución del Congreso”.

Por su parte, el origen de su expediente penal se remonta a marzo de 2018 cuando la Fiscalía de Barranquilla se enteró de que en la sede de Merlano Rebollo se ofrecían 50 mil pesos a los ciudadanos para que votaran por ella y por su fórmula a la Cámara de Representantes, Lilibeth Llinás.

El predio desde donde se coordinaban esas acciones posteriormente fue conocido como Casa Blanca. Con el material recopilado se realizó un operativo en conjunto con la Sijín que dejó como resultado, según indicaron las autoridades en su momento, “la captura en flagrancia de cinco personas, así como la incautación de cuatro armas de fuego, $268.993.000 en efectivo, certificados electorales, letras de cambio, fotocopias de cédulas y discos duros”.

Los detenidos fueron acusados formalmente por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y porte ilegal de armas. Los capturados fueron identificados como Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas; Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas; Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña; María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales, y Everlin Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores.

A la Corte Suprema de Justicia la Fiscalía remitió las pruebas en las que se detallaba cómo funcionaba la “sofisticada red de compra de votantes, que incluso utilizaba calcomanías con código de barras bidimensional (código QR) para identificar y hacer seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos”.

Las evidencias entregadas a los magistrados del alto tribunal incluían certificados electorales en masa, guardados en cajas y bolsas, fotocopias de cédulas, planillas electorales, listados con nombres de votantes y líderes que estaban organizados para la compra de votos, formatos firmados para certificar el compromiso de compra de voto y organigramas detallados de seguimiento y operación para asegurar, como en efecto sucedió, que Merlano alcanzara un escaño en el Congreso bajo el aval de los conservadores.

En su acusación, la Fiscalía aseguró ante la Corte Suprema que “para verificar que se hubiera sufragado en un puesto específico, la campaña pedía los certificados de votación y, sobre estos, grapaba un papel con código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto. De esta forma, se garantizaba que el dinero entregado al comprador correspondiera con el número de votos ofrecido por él a la campaña”.