Este lunes se definirá el futuro judicial del alcalde de Quibdó, Isaías Chala Ibargüen, procesado en Bogotá por líos de corrupción derivados de aparentes anomalías en la ejecución del contrato que buscaba la construcción de un centro de salud en el sector Caraño de la capital chocoana.

La Fiscalía ha argumentado ante el despacho de la jueza 14 que es necesaria una medida de aseguramiento en contra del mandatario ya que su permanencia en libertad o una detención domiciliaria llevaría a que el alcalde pueda obstaculizar de alguna forma el proceso.

Junto con Chalá Ibargüen también son procesados Emir Borja Palacios, César Augusto Mosquera y Rodolfo Córdoba Pino señalados por el ente acusador de aliarse para que mediante la expedición de varios documentos administrativos y financieros se certificara que las obras del centro asistencial ya habían sido canceladas en su totalidad.

“Es inadmisible e inaceptable para la Fiscalía es que, contrario a los principios de moralidad y contratación pública, se pretenda eliminar en el papel unas cantidades de obra que, al parecer, no se realizaron, pero que en todo caso se pagaron”, expuso la delegada del ente acusador durante una de las diligencias que se celebraron a lo largo de la semana en Paloquemao.

La obra tenía un valor cercano a los cinco mil millones de pesos, pero tras la investigación se señaló que hubo detrimento cercano a los $406 millones de pesos.

Uno de los documentos a los que hizo referencia la fiscal del caso fue suscrito el 13 de diciembre de 2018 por el propio alcalde Chalá en el certifica que las obras ejecutadas en el proyecto de la unidad intermedia de salud “se encuentran acordes con el diseño del proyecto”.

En un documento similar se lee que el alcalde las ejecuciones realizadas en la obra que pretendía ser de beneficio para los chocoanos estaban avaladas en los documentos de interventoría y supervisión.

“El suscrito alcalde certifica que los recursos invertidos en el proyecto están acordes con los respectivos avances de obra”, fue otra de las certificaciones que salieron del despacho del mandatario de Quibdó.

En un cuarto documento, Chalá firma señalando que el proyecto cumple con las normas legales que regulan una construcción de esta naturaleza. Esta y las demás certificaciones fueron elaboradas, según la Fiscalía, por Córdoba Pino como supervisor del contrato.

“El contenido de estas certificaciones resultan ser abiertamente contrarias a lo que realmente aconteció con esta obra (…) no es cierto que los recursos se hayan ejecutado frente a las cantidades de obra invertidas. Estas últimas son muy inferiores a lo que se pagó. No es cierto que a obra se haya construido conforme los diseños”, anotó la fiscal.

Chalá es procesado por los delitos de falsedad, celebración de contratos sin los requisitos de ley, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.