En una lista de homicidios en el país, elaborada por la Policía Nacional, Cúcuta aparece en el quinto lugar, Tibú está en el lugar 19, Convención en el 67 y Ocaña en el 72. Puesto así, algunos pudieran decir, y de qué se quejan. Pero resulta que sí hay por qué preocuparse, porque entre la capital de Norte de Santander y los tres municipios del Catatumbo mencionados suman 217 de los 329 asesinatos registrados en la región entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019.

Lo delicado del asunto es que mientras Cúcuta, tristemente está en el podio junto con Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, resulta que Tibú (con 57 asesinatos a esa fecha) le va ganando la ‘carrera  de la muerte’ a Montería, Valledupar, Villavicencio, Ibagué, Neiva y Armenia, todas ellas capitales de departamento.

Y si a este reporte policiaco le mezclamos el análisis de Medicina Legal que advierte sobre el creciente asesinato de ciudadanos venezolanos en Colombia, que en diez años completan 513, siendo Norte de Santander y Antioquia en donde más crímenes de estos ciudadanos se han registrado, la situación de inseguridad en el frente de los homicidios indica motivos para que la sociedad se preocupe.

Los cucuteños y nortesantandereanos han vuelto a advertir deterioro acelerado en la seguridad como ahora lo acaban de comprobar los datos oficiales que muestran a cuatro importantes municipios del departamento con altos volúmenes de hechos sangrientos, que dejan ver el agravamiento de la crisis en la región del Catatumbo luego de la desmovilización de la guerrilla de las Farc, siendo la fase del posconflicto un periodo cargado de hechos sangrientos.

El deterioro de la situación de orden público en esa conflictiva zona tiene otro ingrediente para corroborarla: Convención, con 18 muertes violentas registradas hasta el último día de julio pasado, quedó muy cerca de Itagüí, Arauca e Ipiales, municipalidades con mayores niveles de población que esta localidad.

Son muchas las determinaciones adoptadas en los consejos de seguridad que a la postre poco o nada logran, porque la percepción de los ciudadanos es que no hay garantías para su vida, honra y bienes. 

Hablar de militarización o más pie de fuerza se está convirtiendo en una tendencia hacia un lugar común, porque la región catatumbera cuenta con numerosos batallones, tropas y fuerzas especiales para enfrentar a la disidencias de las Farc, a la guerrilla del Eln, a Los Pelusos, a los traficantes de drogas y de armas, a los contrabandistas y a las bandas criminales. 

En esa guerra, la población civil es la que finalmente termina pagando las consecuencias, con asesinatos, desapariciones, retenciones ilegales y desplazamientos.

El llamado es entonces a consolidar una mesa regional en la que se busquen salidas que conlleven a la consolidación de alternativas que permitan salvaguardar el sagrado derecho a la vida de las personas, permitiendo el disenso y la convivencia en medio de las diferencias; trazar una política que llegue a cerrar las brechas sociales y económicas, pues es indudable que una juventud sin posibilidades de estudio o de empleo o ese gran ejército de desempleados y subempleados que tenemos en el departamento, lógicamente son el nutriente para la delincuencia común y organizada.