El mapa de América se redujo, al menos en parte, para los migrantes venezolanos que huyen de la crisis humanitaria. Las visas implementadas en junio, por Perú y Chile, y en julio por Ecuador, si bien no implican un cierre total de las puertas fronterizas, aumentan las condiciones para quienes llegan o pretenden permanecer en esos países.

Para los expertos, esta tendencia es distinta a la de Colombia, donde se tramita un proyecto de ley migratoria –radicado por la Cancillería la semana pasada– que pone el énfasis en la recepción de migrantes.

La iniciativa es, en palabras de César Niño, profesor de relaciones internacionales de la U. Sergio Arboleda, una “venezolanización de la política migratoria colombiana” que, por primera vez, asume al país como un receptor de migrantes, cuando hasta ahora las regulaciones estaban enfocadas en las personas que viajaban al exterior. Esta es una política promovida por el presidente Iván Duque, quien considera que no se les pueden cerrar las puertas a quienes huyen de la “dictadura”.

Una ley necesaria

Las anteriores leyes migratorias en Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, atendieron asuntos parciales. El nuevo proyecto busca integrar en la ley aspectos que ya han sido ratificados internacionalmente como la atención a refugiados y los asilos políticos.

Frente a este punto, uno de los aspectos de la ley que destaca Martha Márquez, directora del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, es que se acoge a principios como la no devolución –que implica la prohibición de deportar migrantes que se encuentren en situación de riesgo en caso de volver a su país– y la unidad familiar, el cual para la experta abre la puerta a una reunificación de los grupos de venezolanos en los que solo han viajado algunos miembros.

En cuanto a los refugiados –que de acuerdo con Naciones Unidas son personas que huyen de conflictos armados o persecución– las opiniones de los expertos difieren.

Puntualmente, el proyecto plantea otorgar esta condición especial a las personas que lleguen al país huyendo de persecuciones por motivos políticos, de raza o religión. Sin embargo, incluye la posibilidad de que sean considerados refugiados aquellos que hayan sufrido “violación masiva de los derechos humanos”.

Para Niño, este fragmento abre un argumento al que podrían apelar muchos de los cerca de 1,2 millones de venezolanos que –según Migración Colombia– se encuentran en el país con corte a marzo.

No obstante, Márquez apunta que la ley mantiene el concepto clásico de refugiado y no se incorpora lo señalado en la Declaración de Cartagena de Naciones Unidas (1984), la cual extiende esta condición a quienes salen de su país por situaciones económicas.

En síntesis, el proyecto de ley de la Cancillería no toca puntos como visas o restricciones al ingreso y se enfoca en incluir mecanismos para adaptarse a una ola migratoria que, de acuerdo con Migración Colombia, alcanzará los 1,8 millones de personas en el país al finalizar 2019.

¿Cuello de botella?

Pero no solo Colombia ha tomado medidas. Entre junio y julio de este año, los tres siguientes países que más migrantes venezolanos han recibido –Perú, Chile y Ecuador– establecieron visas para regular el fenómeno.

Se trata de documentos humanitarios –turístico en el caso de Chile– que coinciden en ser laxos con los requerimientos que piden. Por ejemplo, todos aceptan que el pasaporte del solicitante esté vencido, dada la dificultad de tramitar este documento actualmente en Venezuela. Además, los trámites salvo el de Chile son gratuitos.

En una entrevista a El Colombiano, el Canciller de Ecuador, José Valencia, negó que la visa estuviera diseñada como un mecanismo de rechazo y agregó que tendría solo “las exigencias de ingreso que cualquier país requiere”.

Los expertos, sin embargo, coinciden en que tanto esta medida como las de Chile y Perú generan el riesgo de un “embotellamiento” de venezolanos; es decir, que aquellos que solo planeaban usar a Colombia como un país de tránsito se vean obligados a permanecer en el país por las restricciones de las fronteras más al sur.

Para Niño, la gran carencia de las medidas adoptadas, tanto las de Colombia como las de los otros países, es que son unilaterales. “Hace falta una estrategia integral, que impidan, por ejemplo, que el estatus de un migrante venezolano cambie al cruzar la frontera”, agrega.

No obstante, por el momento la unidad en el campo político para rechazar el gobierno de Nicolás Maduro no se traduce en una misma cohesión a la hora de afrontar el costo humanitario de la crisis.