Cúcuta fue seleccionada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Corporación Opción Legal, como zona de intervención, para el desarrollo de una auditoría interna en la implementación del programa de Asistencia Legal a Personas con Necesidad de Protección Internacional y Víctima del Conflicto Armado (Alposd).

En esta asistencia trabajan de la mano con estudiantes de Derecho de la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta que se encuentran en periodo de práctica profesional, y sus docentes, quienes son los encargados de garantizar el acceso a los recursos legales a esta población vulnerable, de manera gratuita. 

“El principal interés de la intervención es la construcción de las posibles soluciones a las problemáticas de las víctimas asentadas en Norte de Santander”, comentó Erika Isabel Salinas Cifuentes, abogada y coordinadora local de Alposd. La profesional agregó que han hecho 26 capacitaciones a estudiantes en temáticas relacionadas con estos fenómenos sociales.

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Entre el 2018 y 2019, se llevó atención descentralizada a la comunidad por medio de seis brigadas jurídicas, en zonas estratégicas de Cúcuta como la vereda Las Cumbres y los barrios Loma de Bolívar y La Pastora. En el resto del departamento, se llegó a zonas como La Parada en Villa del Rosario, Sardinata y El Zulia, donde se asientan víctimas del conflicto armado y población proveniente de los flujos migratorios. (Ver tabla).

Cabe destacar que la Unisimón hace parte de las 17 universidades de Colombia, articuladas en una red, que desarrollan este programa en sus instalaciones. Alposd está adscrito al Consultorio Jurídico del programa de Derecho.  

“El trabajo en comunidad es una estrategia para que los jóvenes estudiantes se sensibilicen y aumenten su capacidad de gestión ante las problemáticas locales que requieren intervención y transformación social”, dijo Salinas.

Además, se ha articulado al programa una actividad interdisciplinaria que involucra a jóvenes estudiantes de los programas de Trabajo Social y Psicología, quienes  conjuntamente promueven una atención psicosocial integral a la población beneficiada.

Más de 1.900 personas han recibido asistencia jurídica y han participado en diferentes espacios de capacitación, entre el 2018 y 2019.

*Alianza La Opinión-Universidad Simón Bolívar