En medio de varias polémicas por el estado actual de la economía, en el Congreso de la República se abre camino un proyecto de ley que busca la creación de una prima legal para la canasta familiar. La iniciativa, nacida en el Centro Democrático, generó voces de apoyo y de rechazo en varios sectores del país.

El proyecto ya superó los dos debates que requiere en el Senado, donde se le dio visto bueno por unanimidad y ahora pasa a Cámara de Representantes donde tendrá que sobrevivir a dos debates más.

Y aunque la propuesta nació del senador Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático que es el partido del presidente Iván Duque, lo cierto es que la idea no cayó muy bien en el Gobierno, en especial en el Ministerio de Hacienda. A través del viceministro Juan Alberto Londoño la cartera rechazó la medida por considerar que va en contravía de los planes de reactivación económica que se plantean desde allí.

El grueso del proyecto propone que los trabajadores que devenguen hasta tres y medio salarios mínimos reciban una prima extra para la canasta familiar que se les pagaría de acuerdo al tamaño de la empresa a la que estén vinculados.

Esto significa que un empleado que trabaja en una microempresa recibiría una prima 5 de días, los de empresas medianas recibirían 10 días y 15 días los de las compañías grande. De aprobarse, esta prima se pagaría en mitades, una en el mes de marzo y la otra mitad en septiembre.

El rechazo del Ministerio de Hacienda a la medida se sustenta en que la prima podría generar presiones inflacionarias, puesto que produce un costo laboral adicional para las empresas. El viceministro Londoño advierte que “el mayor ingreso puede ocasionar incrementos en la demanda de alguno bienes de la canasta familiar que termine impacto impactando negativamente”.

A la postura negativa del Ministerio se une la del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) Bruce Mac Master, quien hizo un llamado al Congreso para que “considere con responsabilidad el concepto del Ministerio sobre el proyecto denominado Prima para la Canasta Familiar. Dicho concepto demuestra múltiples efectos negativos para la población como son: inflación, desempleo e informalidad”.

Mac Master anadió que son “muy peligrosos los nuevos populismos. No tienen ni siquiera un fundamento ideológico. Parecería que solo les importan los efectos electorales” y agregó que la responsabilidad de que el país se desarrolle “es de todos, también de todos los políticos”.

En respuesta a estas posturas, el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, afirmó que no habrá tales efectos debido a no es una representación significativa “no se relaciona sustentar la capacidad adquisitiva del empleado en relación con los incrementos del salario mínimo que están por debajo de lo que debería estar”.

Jaramillo dijo que el valor de la prima no es un monto muy alto y por eso no está de acuerdo con la postura de la Andi de que podría haber mayor informalidad.  

“El desempleo y la informalidad tampoco se ligan porque es una prestación no muy representativa económicamente como para culpabilizarla de ser crear estos fenómenos”, explicó Jaramillo.

Para el director del Observatorio de la Universidad del Rosario hay un punto adicional para tener en cuenta y es la constitucionalidad de la propuesta.

“Habría que revisar la constitucionalidad de la diferenciación de pago en función del tamaño de la empresa, dado que los riesgos corresponden al empleador y no al trabajador habría una alerta para revisar”. Esto significa que los empleados no pueden estar sometidos al tamaño de la empresa en donde trabajan y deberían recibir pagos equitativos sin importar qué clase de compañía están vinculados.