La Contraloría General de la República está haciendo una evaluación y un diagnóstico de las inversiones del Estado colombiano para tratar el fenómeno migratorio en el país.

La vicecontraloría conformó un equipo técnico integrado por la delegación de Participación ciudadana, la delegación de Gestión pública y la delegación del Sector social, que va medir el esfuerzo fiscal de 2015 a 2018, frente a las acciones de asistencia, atención y generación que se dieron en torno a la inclusión social tanto desde el Gobierno nacional como desde los entes territoriales.

El equipo inspeccionó los puentes Francisco de Paula Santander, Tienditas y Simón Bolívar.  

El contralor delegado para la Participación ciudadana, Luis Carlos Pineda, explicó que verifica “qué va pasar con los estimativos de cinco billones de pesos que se van a destinar por año para atender las necesidades tanto de índoles sociales como humanitarias para estas personas”.

El delegado explicó que tras finalizar el recorrido por los distintos departamentos fronterizos levantarán un estudio, que se presentará en septiembre, en el cual se dará a conocer si la política pública migratoria implementada hasta la fecha y la prevista en el Conpes 3950 de noviembre de 2018 cumple con el objetivo de poder satisfacer las necesidades de los venezolanos.  

El equipo de la contraloría visitó los puentes Francisco de Paula Santander, Tienditas y Simón Bolívar.

El órgano de control detalla que se evaluará si en el Conpes están realmente bien planeadas a mediano y largo plazo las acciones y estrategias para cumplir con el objetivo social y humanitario para los próximos cuatro años. En las conclusiones, el órgano de control indica que en Cúcuta las organizaciones señalan que se puede estar presentando una desarticulación entre las organizaciones y las entidades, pues existe una falta de información real sobre la población inmigrante. 

“Piden mayor sensibilización a funcionarios públicos para estandarizar soluciones y atención a migrantes y establecimientos de protocolos”, indica. 

Precisan que en el territorio la asignación presupuestal se asigna en gran proporción para la asistencia de los inmigrantes.

Sin embargo, caracterizaron problemas que se han venido presentando desde que se agudizó la crisis migratoria como: infancia desprotegida, y sin estructura física para acogerlos; enfermedades de transmisión sexual, enfermedades virales, insuficiencia en medicamentos y vacunas; así como insuficiencia en infraestructura hospitalaria, y la exigencia de tratamientos médicos a enfermedades crónicas.

Especificó que en el Hospital Erasmo Meoz se está haciendo un control excepcional a través de la delegación de índole social.