Luego de que la Corte Constitucional ratificó el 29 de mayo pasado que las objeciones del presidente Iván Duque a la ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz fueron hundidas en el Congreso, en un acto privado el mandatario estampó su firma en el documento por lo que dicha ley ya tiene sanción presidencial.

El número asignado para esta nueva ley es el 1957 y junto con la firma presidencial aparecen las rubricas de los ministros Lorenzo Guillermo Botero, Defensa, y Nancy Patricia Gutiérrez, Interior. 

También la de Juan Francisco Espinosa como encargado de la cartera de Justicia. 

Igualmente estamparon sus firmas los presidentes de Senado, Ernesto Macías, y Cámara, Alejandro Chacón.

Con la promulgación y sanción de Duque se cierra un capítulo que a consideración de analistas tuvo un alto costo político para el Gobierno, aunque el Jefe de Estado no lo haya considerado como tal y ondeó las banderas de, según él, haberle cumplido al país.

“Nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos y así seguiré procediendo todos los días de mi vida”, insistió el presidente tras la decisión de la Corte.

Estruendosa derrota en la cámara

Las objeciones que Duque Márquez interpuso a la ley estatutaria tuvieron una estruendosa derrota en la Cámara. 

En el Senado iban por el mismo camino, pero por un entuerto de sumas y restas por cuenta de los impedimentos y de los no posesionados, el tema fue dirimido por la Corte Constitucional.

Desde el Gobierno no se divulgó el tema de la sanción que se dio a conocer a los medios desde la propia Jurisdicción Especial para la Paz. 

Quien sí había hablado del tema en la mañana de este jueves fue Nancy Patricia Gutiérrez quien advirtió que la firma se daría pronto, aunque señaló que “aún hay algunos temas que deberán ser revisados”.

Precisó que por ahora se seguirá con el trámite de una enmienda constitucional en tal sentido, “vamos adelante con la reforma para evitar que los delitos sexuales a niños y niñas sean revisados por la JEP, es un acto legislativo que va en trámite. 

Igualmente queda pendiente definir el beneficio o garantía de la no extradición para los terceros que ofrezcan verdad, eso sería proyecto de ley, pero será en consejo de ministros que se defina”.