Las niñas latinoamericanas menores de 14 años están siendo violadas en sus espacios más cercanos y familiares, para luego ser forzadas a llevar embarazos y partos sin que a la gran mayoría se les ofrezca la opción de decidir sobre su presente y su futuro. 

Las cifras son siempre imprecisas, incompletas y desactualizadas —primera evidencia de lo poco que preocupa esta epidemia. Las últimas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) son del 2010 y estimaron que más de 60 mil niñas menores de 14 años son madres cada año. La cifra sigue en aumento y el Fondo de Naciones Unidas para la Población dice que no hay indicios de que se detenga antes de 2030. 

Estas niñas fueron violadas y no debieron solo soportar el trauma de ser agredidas sino soportar embarazos y partos de alto riesgo, depresión, estrés postraumático e intentos de suicidio, mientras su proyecto de vida se destruye. 

Organismos de todo el mundo han dicho que esta tragedia se podría mitigar con políticas de educación sexual y, sobre todo con el derecho al aborto, una decisión siempre difícil, pero que realizada de forma legal y segura le garantizaría el derecho a la salud y a la vida a miles de niñas. 

La Latinoamérica conservadora ha respondido a estas propuestas saboteando los esfuerzos por establecer programas de educación sexual y declarando la guerra a la lucha por el aborto legal, amparada en la defensa de la vida, atreviéndose incluso a celebrar la maternidad infantil, y a condenar a las madres que apoyan la decisión de sus hijas de abortar, como lo hiciera en febrero el diario Argentino La Nación. 

Nuestros líderes han respondido a esta epidemia con prohibiciones, obstáculos e indiferencia. En Colombia la impunidad de los violadores supera el 92%. Nicaragua y Perú criminaliza a las niñas que abortan, y Guatemala las saca de la casa donde fueron abusadas para llevarlas a un hogar de protección a parir. Las niñas en Ecuador y Colombia, donde el aborto está despenalizado en ciertas causales, están en manos de médicos y operadores de Justicia que se inventan artimañas para incumplir la ley.  

La semana pasada, los casos de cuatro de estas niñas, hoy mujeres jóvenes, llegaron hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. Las organizaciones que acompañaron la demanda a los Estados de Nicaragua, Guatemala y Ecuador, aspiran a que la comunidad internacional comprenda que la indolencia social y estatal en América Latina es una violación a los derechos humanos, a la vida y a la salud.

Es urgente alzar la voz por la integridad y autonomía de las niñas. No las protegimos cuando lo necesitaron, ¿no les debemos, como mínimo, el derecho a definir su proyecto de vida? 

Este editorial es parte de #NiñasNoMadres, una conversación regional sobre el impacto del embarazo forzado de niñas en América Latina, a la que se unen GK y Wambra Medio Digital Comunitario (Ecuador), Mutante (Colombia), Ojo Público(Perú), Nómada (Guatemala), Managua Furiosa (Nicaragua).