Las irregularidades en la suscripción de contratos vuelven a dejar a un municipio nortesantandereano sin alcalde, faltando apenas siete meses para terminar el periodo de los actuales mandatarios.

En esta oportunidad la sancionada fue la alcaldesa de Ocaña, Miriam del Socorro Prado Carrascal, a quien la Procuraduría Regional de Norte de Santander resolvió destituir e inhabilitar por  10 años, al comprobar que suscribió de manera irregular el contrato No. 001 del 7 de enero de 2016, para la prestación del servicio de grúa en el municipio.

La decisión de segunda instancia confirma lo que había resuelto hace apenas unos días la Procuraduría Provincial de Ocaña en contra de la dirigente del Partido Conservador, pero le redujo en un año el periodo de inhabilidad para ocupar cargos públicos.

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Así las cosas, lo que ratificó el Ministerio Público es que Prado Carrascal incurrió en un error al ejecutar el contrato de manera directa con el propietario del vehículo utilizado para los operativos de tránsito, sin un respectivo proceso de licitación, como lo especifica la ley.

De esta forma, la mandataria incumplió con su deber, “al desconocer los principios de transparencia, selección objetiva, responsabilidad y planeación que rigen la contratación pública, conducta con la que puso en riesgo los intereses de los habitantes de Ocaña”.

“En el caso que nos ocupa se determinó por el despacho que la conducta objeto de estudio fue desplegada bajo la modalidad de dolo, al establecerse que la señora alcaldesa tenía la intención inequívocamente dirigida a contratar directamente con el señor Wilmar Vega Pérez, pues tal y como está demostrado, solamente a él se dirigió la solicitud de presentación de propuesta”, reza uno de los apartes del fallo de primera instancia que había sido proferido en abril y que acaba de confirmar la Procuraduría Regional.

En este se advierte, así mismo, que si bien es cierto que no fue un acto del cuál la alcaldesa haya sido la autora, “sí sustentó su escogencia, ya que es la única obrante en el expediente contractual, lo cual debió advertir en su momento y pese a ello procedió a suscribir el contrato”.

En su momento, la defensa de Miriam Prado alegó que los requisitos que establece la Ley 80, de contratación estatal, sí fueron cumplidos a cabalidad, y que el contrato de prestación de servicios de la grúa se llevaba ejecutando desde hace 10 años de la misma forma, sin ningún reproche.

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No era el único proceso

El que la saca del cargo de manera anticipada no es el único proceso al que le hizo frente la alcaldesa de Ocaña durante estos más de tres años que ha estado al frente de la administración municipal y que han mantenido en vilo su continuidad como mandataria.

En febrero de 2017, Miriam del Socorro Prado Carrascal fue detenida por solicitud de la Fiscalía Tercera para la Función Pública, porque presuntamente incurrió en la celebración indebida de tres contratos y violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Uno de los agravantes del caso es que el beneficiario de estos contratos fue uno de los financiadores de su campaña, en 2015. Este proceso continúa.

Meses después de haber recobrado su libertad, la alcaldesa tuvo que capotear un proceso de revocatoria del cual se salvó por tan solo 1.064 votos.

En octubre del año pasado, la Procuraduría Regional de Norte de Santander decidió anular otro proceso que tenía contra las cuerdas a Prado, por un presunto conflicto de intereses, porque, supuestamente, se involucró en la organización y seguimiento a la revocatoria con la que pretendían anular su mandato. Esta investigación fue devuelta a la Provincial de Ocaña para que empezara de cero.

Gobernador definirá el encargado

Si bien la sanción que deja a Ocaña sin alcaldesa para lo que resta del periodo todavía no está en firme, pues la misma aún no ha sido notificada a las partes, lo que está claro es que por tratarse de un fallo de segunda instancia, contra este no proceden más recursos.

Así las cosas, una vez quede ejecutoriado, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, deberá proceder a nombrar un encargado, mientras se presenta la terna por parte del Partido Conservador, de la cual se designará a la persona que reemplace a la dirigente hasta el 31 de diciembre.

Como se sabe, en esta ocasión no podrá haber nuevas elecciones, puesto que faltan menos de 18 meses para que concluya el periodo de los actuales alcaldes.

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La cuarta sancionada

Con Miriam del Socorro Prado Carrascal ya son cuatro los alcaldes de Norte de Santander elegidos para el periodo 2016-2019 que no logran terminar su mandato por problemas e irregularidades en su gestión.

La primera en perder su cargo fue la entonces alcaldesa de Sardinata, Yamile Rangel, quien en mayo de 2017 fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por las irregularidades que se presentaron en un contrato suscrito en agosto de 2011, durante su primer mandato, para la construcción de 48 unidades sanitarias en el casco urbano y la zona rural de su municipio, por valor de $360 millones.

El siguiente fue el alcalde de Pamplona, Ronald Contreras, detenido en octubre de 2017 por haber incurrido, presuntamente, en peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, en un convenio para beneficio de las víctimas.

Aunque la investigación en su contra no ha concluido, Contreras se mantiene en prisión domiciliaria y Pamplona con alcalde encargado.

A comienzos de este año, la Procuraduría Regional destituyó e inhabilitó por 10 años al alcalde de Puerto Santander, Henry Manuel Valero Peinado, por hacer contrataciones sin los debidos estudios de conveniencia y oportunidad. En marzo, el Juzgado Quinto Penal del Circuito profirió una condena de cinco años y tres meses de prisión (64 meses) contra el mandatario por los mismos hechos por los cuales fue sancionado disciplinariamente.