Desde hace dos años, cerca de 13.000 miembros de las Farc dejaron las armas transitando paso a paso de nuevo a la vida civil. De empuñar un fusil, la mayor parte de ellos pasaron, en un corto espacio de tiempo a cargar un azadón. La responsabilidad de que puedan hacerlo con éxito recae en gran parte en Andrés Stapper, quien es la principal cabeza de la Agencia para la Reincorporación y Normalización  (ARN) que hoy en día recibe tanto duras críticas, por los supuestos incumplimientos del Gobierno, como aplausos por el cambio de vida que ya han logrado muchos excombatientes.

Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Cauca, Cesar, Chocó, Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño,  Putumayo y Tolima se han convertido en el hogar de los excombatientes, quienes han ido acogiéndose a los proyectos de la ARN, desde los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación  (ETCR) hasta los proyectos productivos, que hoy enfrentan la incertidumbre sobre el qué pasará después de agosto cuando por ley venzan estos espacios.  

Hace poco la ARN sacó la encuesta de percepción sobre la reincorporación aplicada a los exmiembros de Farc. Un 24% no está satisfecho.

No se puede negar que es un reto convencer a ese 24% de que esto avanza y de que ellos tienen garantía en su reincorporación. Ese porcentaje aún no se siente pleno con el proceso porque tiene dudas en materia de seguridad y otro tanto por ciento se encuentra un poco desmotivado frente a las circunstancias del proceso de reincorporación como tal. Pero, no podemos quedarnos con eso y tenemos claro que hay que fortalecer los principios que orientan la reincorporación que básicamente son tres: seguridad física, seguridad jurídica y el componente del que se encarga la ARN, la seguridad socioeconómica relacionada con proyectos productivos y espacios en vinculación con la comunidad.

No se puede desconocer que por parte de los excombatientes hay preocupación de que les suceda lo mismo que con el caso de Dimar Torres.  

Claro, hay una gran preocupación. Pero, para ello tenemos diferentes estrategias en donde participa la Fuerza Pública y la Unidad Nacional de Protección en los espacios territoriales porque es un tema de cooperación armónica entre las diferentes entidades encargadas de prestar la seguridad a los excombatientes. 

¿En qué va la seguridad socioeconómica?  

Dentro del proceso de planificación que definimos en la ARN se establecieron dos etapas iniciales que son los ETCR y los proyectos productivos. En los dos casos, los 13.000 excombatientes son afiliados a salud y educación, adicionalmente, por primera vez, ellos acceden a bancarización para recibir las garantías económicas iniciales en donde hemos desembolsado más de 170.000 millones de pesos. Así mismo, inician las capacitaciones en un reconocimiento de sus habilidades y aprendizajes que traen al interior del grupo para potenciar a todo el colectivo de los miembros de Farc en diferentes proyectos sociales, comunitario y político.  

¿Qué tan complejo ha sido la reconstrucción de confianza en el andar de la reincorporación?

Es una de las facetas más complejas, no solo con los excombatientes sino para la sociedad en general porque a veces obviamos que hemos vivido más de 50 años de conflicto armado en los que las heridas aún laten. 

Pero, ¿cómo fortalecer esa confianza cuando hay incertidumbre alrededor de la reincorporación en la faceta de los ETCR donde el plazo se vence en agosto?

Desde ya estamos desarrollando una consolidación de los espacios con el Estado. Ese es el objetivo al que le estamos apostando.

Esa “consolidación de espacios” indica que ¿se mantendrán todos los ETCR?

Actualmente, estamos diseñando una hoja de ruta para 13 espacios de los 24 que hay, teniendo en cuenta las dinámicas territoriales para que esa figura se consolide y haga parte de los municipios como centros poblados o como pequeños caseríos en el marco del desarrollo que tenga cada ente territorial.

¿Qué variables se evalúan en esas dinámicas territoriales?

Son varias, pero nosotros sumamos cinco variables fundamentales. Una de ellas es el tema de la disposición de la tierra en donde se debe tener presente qué características tiene ese tipo de predio, si tienen vocación para consolidarse en los territorios y que no estén afectando alguna reserva ambiental. 

¿Qué va a pasar con los 11 ETCR que pueden estar ‘volando’?

Actualmente, tenemos dos espacios territoriales-uno con grupos étnicos en Caldono (Cauca) y otro con colectivos afro en el Chocó- si llegamos a un proceso de concertación con las comunidades donde los excombatientes sean recibidos en el marco del proyecto de reincorporación sería perfecto y nos quedaríamos en los territorios. Pero, en caso de que no lleguemos a un proceso de concertación con ellos debemos entrar a identificar qué otros territorios son aptos y que nos sirvan para promover la reincorporación efectiva de todo el colectivo de Farc.

Es decir, ¿los territorios con limitantes serán reubicados? Pero, todo ese proceso va a impactar en el tránsito de reincorporación, al tener que salir de un espacio que ya veían como su hogar.

En ese marco, hemos dialogado con cada uno de los excombatientes para que esa transición, obviamente no vamos a decir que no generara molestias, pero sí para que sean mínimas. 

En el caso de los proyectos productivos que ya vienen desarrollando en los territorios con limitaciones. ¿Se congelarán?

Como ARN hemos tratado de ser muy rigurosos en la aprobación de proyectos productivos, pero no podemos parar una estrategia dependiendo de la otra, sino que estamos en el marco de una planificación y una organización promoviendo la sostenibilidad de la población.

¿Qué están teniendo en cuenta para la aprobación?

Son muchas variables, se las resumo al enfoque de género, impacto ambiental, sostenibilidad y comercialización, que es dónde se vara el 80% de los proyectos productivos en su formulación o implementación. Esas son algunas de las variables, porque en total son 84 las que se revisan en la ficha técnica del proceso.

¿Qué tanto tiempo les toma aprobar los proyectos productivos, para que esto no genere represamiento?

Hemos hecho un mecanismo tripartito entre el Gobierno, las Farc y la cooperación internacional para identificar las iniciativas productivas en todo el territorio nacional. Hasta el momento, hemos identificado más de 255 iniciativas productivas de confecciones, muñecas, cerveza y más. Sin embargo, la formulación de un proyecto productivo no implica necesariamente su aprobación si no viene con su evaluación y para saber si esa idea tiene sostenibilidad de largo aliento. En cuanto al tiempo de aprobación depende del tipo de proceso que se genere.

¿Y si el proyecto fracasa una vez es aprobado y puesto en marcha?

Una de las grandes lecciones aprendidas con el proceso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) es que este tipo de procesos no es de firmar y darle su platica, creamos la empresa y todos empresarios al otro día. Con las AUC aprendimos que necesitamos procesos de acompañamiento y asistencia técnica en los proyectos productivos en donde está garantizada por 18 meses, la idea es que lo podamos ampliar.

Ante este panorama, ¿cuál es la meta de proyectos productivos para este año?

En metas nos planteamos más de 6.700 proyectos productivos efectivos para la población de todo tipo: individuales, colectivos y de cooperación. También esperamos aumentar en temas de vinculación laboral efectiva con la intención de llegar a los 6.500 empleos.

Es decir, ¿se puede dar un mensaje de tranquilidad frente al avance del proceso de reincorporación?

El mensaje de tranquilidad es que el Gobierno le está apostando a los territorios y a la reincorporación para aquellas personas que se la están jugando con este proceso. Ni los ETCR ni los proyectos productivos se acabarán.  Debemos recordar que estamos hablando de personas, quienes en muchas ocasiones ingresaron a estos grupos armados ilegales teniendo 12 años y en el que duraron más de 20 años. Entonces, no podemos pretender que vamos a pasar de excombatientes a empresarios en menos de dos años de reincorporación.