Los miembros del Congreso de la República son quienes avalan o no los ascensos de oficiales del Ejército. En el caso del General Nicacio de Jesús Martínez, actual comandante de la Institución no es la excepción. Sin embargo, se conoció que el pasado miércoles llegó a la Mesa Directiva de la Comisión Segunda del Senado una misiva de 17 páginas en la que entregan información de su carrera profesional.

El documento está firmado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP). La solicitud de estas organizaciones es precisa “que se abstengan de votar su ascenso”. En este momento Martínez funge como Mayor General y debería ascender a su último cargo: General.

La solicitud de ambas organizaciones se da por cuenta de “que existe evidencia de que bajo su Comandancia como Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor de la Décima Brigada Blindada, División Primera, entre el 30 de octubre de 2004 y el 23 de enero de 2006 se habrían cometido hechos de corrupción y de graves violaciones al derecho a la vida”.  

Si bien, el general no ha sido llamado formalmente a rendir declaración por estos hechos en la Jurisdicción Especial para la Paz ni ninguna otra autoridad, reposan informes que darían cuenta de su presunta responsabilidad en posibles ejecuciones extrajudiciales mientras estuvo en el cargo antes mencionado.

De acuerdo con el documento, “información recolectada por las organizaciones, el señor Nicasio De Jesús Martínez Espinel estaría vinculado en hechos de corrupción y en por lo menos, 31 casos con 75 víctimas mortales. Asimismo, entre las investigaciones adelantadas por la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales por tropas bajo su comandancia, se ha logrado evidenciar el pago de recompensas a informantes en operaciones irregulares”.

En el informe se lee una serie de fechas en las que presuntamente se habrían cometido acciones contrarias a la ley y en las que estarían inmersos oficiales del Ejército, entre ellos miembros de la Brigada de la cual era Jefe de Estado el general Martínez. 

Según lo expuesto en el expediente “el 21 de enero de 2006 en la Ranchería Wasimal del municipio de Albania en el Departamento de La Guajira fueron ejecutados extrajudicialmente los indígenas wayúu Gaspar Cambar Ramirez, Javier Pushaina Pushaina, Luis Angel Fince Ipuana, Gustavo Palmar Pushaina, Moises Bonivento Pushaina, Ligia Cambar Ramirez, Irene María López Pushaina, por unidades del Ejército, Primera División, Décima Brigada Blindada, Comando Conjunto Número Uno ‘caribe’, Gaula Ejército Guajira y el Das”.

En el expediente también reposa información sobre la ejecución extrajudicial ocurrida el 13 de enero de 2006 en la vereda La Vega del municipio de Agustín de Codazzi en el departamento de Cesar. Allí, según las organizaciones falleció Isaac Parilla Trillos y una persona sin identificar, en manos de unidades Del Ejército, Primera Division, Décima Brigada Blindada, Batallón de Artillería número  dos ‘la Popa’, comando Conjunto Número Uno ‘caribe’.

Del mismo modo, en el informe reposan más de 30 reportes de ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre 2004 y 2006. Por ejemplo “el 20 de noviembre de 2005 en el sitio las Parcelas de la vereda El Tocaimo del municipio de San Diego en el departamento del Cesar, fueron ejecutados extrajudicialmente las víctimas Alfredo Manuel Retamozo Rodriguez, Ivan De Jesus Sierra De La Rosa, Jhon Jairo Parejo Perez, Walberto Antonio Cohen Padilla, por unidades del Ejército, Primera Division, Decima Brigada Blindada, Batallón De Artillería No. 2 ‘la Popa, Comando Conjunto Numero Uno ‘Caribe’”.

Igualmente, se conoció que el 21 de abril de 2004, en el municipio de Manaure (Cesar) fue ejecutado Orlando José Villareal, al parecer por tropas del Batallón de Artillería número 2 ‘La Popa’ adscritas a la Décima Brigada Blindada. Así mismo en el documento reposan tres documentos firmados por el general en el cual menciona sumas que oscilan entre 1.000.000 y 1.500.000.

Así las cosas, el documento dice “teniendo en cuenta la gravedad de la información expuesta a Comisión Segunda del Congreso de la República y como garantía de no repetición para las víctimas, solicitamos abstenerse de ascender al Brigadier General Nicasio De Jesús Martínez Espinel por los hechos de corrupción y la comisión de ejecuciones extrajudiciales bajo su ejercicio como Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor de la Décima Brigada Blindada de la Décima Brigada Blindada”.