La oposición anunció este sábado que radicará una nueva moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, luego de que el diario The New York Times denunciara que el Ejército ha ordenado a sus soldados duplicar el número de criminales muertos, lo que pone en riesgo vidas civiles.

El diario, que revisó órdenes escritas y entrevistó a altos oficiales, señaló que el Gobierno colombiano está ejecutando "otra encarnación" de los llamados "falsos positivos", como se le conoce al escándalo de ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por miembros de la fuerza pública entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combates.

El anuncio de la moción de censura contra el ministro ocurre cuatro días después de que más de una docena de representantes a la Cámara retiraran otra contra Botero que ya era tramitada en el Congreso porque aseguraron que tenían "conocimiento de información relevante y grave con el objeto del debate de la moción de censura".

En ese sentido, la representante Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, explicó este sábado en su cuenta de Twitter que habían retirado el procedimiento contra el ministro hasta que fuera publicado el artículo del diario estadounidense.

"Por esta razón pedimos aplazamiento del debate de moción de censura contra ministro de Defensa. Lo presentaremos nuevamente", manifestó Miranda, quien pidió a los partidos Liberal, Cambio Radical y de Unidad Nacional que los apoyen en esta iniciativa.

Quienes propusieron inicialmente el mecanismo, con el que se busca destituir a Botero, aseguraron que el ministro no tiene las competencias para estar en el cargo y como ejemplo citaron sus "contradicciones" en declaraciones que dio sobre el asesinato del exguerrillero de las FARC Dimar Torres.

La muerte de Torres, ocurrida en el Catatumbo, generó controversia debido a que Botero informó inicialmente que falleció al recibir un disparo accidental por parte de un miembro del Ejército durante un forcejeo, a pesar de que para la comunidad se trató de una ejecución extrajudicial.
El ministro informó dos días después que el cabo Daniel Eduardo Gómez, acusado de la muerte de Torres, bajó por un caño de la zona para unirse al grupo encargado de custodiar el oleoducto que pasa por la zona cuando se encontró con el exguerrillero, quien al parecer intentó quitarle el fusil.

Más adelante Botero confirmó que sí fue un homicidio por parte del militar, mientras que el jefe de la Fuerza de Tarea Vulcano, el general Diego Muñoz, pidió perdón públicamente tras admitir que militares tuvieron que ver con ese suceso.

"He insistido en que los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario son línea rectora de las actuaciones de la Fuerza Pública", aseguró este sábado el ministro.

The New York Times explicó que hay una orden para que los militares no "exijan perfección" al matar, ni siquiera si tienen dudas sobre el objetivo del ataque, y algunos militares han señalado que eso implica desproteger a inocentes y ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.

En ese sentido, el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, reconoce las órdenes nuevas y haber instruido por escrito "doblar los resultados" porque "la amenaza criminal se incrementó", pero matiza que se refiere a la planificación de las misiones y no la ejecución.

Por su parte, el senador Álvaro Uribe señaló que el artículo es "una manera de desacreditar" a las Fuerzas Armadas y de "proteger la impunidad al narcoterrorismo".

"Además ignoraron las respuestas oficiales y las distorsionaron para decir que hay órdenes de asesinar inocentes y de no proteger civiles", manifestó el expresidente.