Es un verdadero maremoto en el turbulento océano de la Justicia colombiana, pero suficiente para poner en crisis varias instituciones y realidades, una de ellas, la confianza de la ciudadanía en el proceso de paz y en la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Muchos colombianos (la mitad, según algunos analistas) confiaban en que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidiera atender la solicitud del gobierno de Estados Unidos de enviarles extraditado al exguerrillero Seuxis Pausivas ‘Jesús Santrich’ Hernández Solarte, acusado de intentar enviar a esa país 10 toneladas de cocaína después del 1 de diciembre de 2016, fecha en la que se firmó el acuerdo de paz. 

La JEP decidió negar la solicitud de extradición, y dio la orden de liberar al acusado. Para ello, argumentó que, en el primer caso, Estados Unidos no aportó prueba para demostrar los cargos, y en el segundo, calificó de insuficiente la evidencia entregada por la fiscalía. 

La primera consecuencia de la decisión de la JEP fue inesperada: el fiscal, Néstor Humberto Martínez, y la vicefiscal, María Paulina Riveros, renunciaron a sus cargos en forma inmediata e irrevocable, al considerar que el fallo es un desafío al ordenamiento jurídico colombiano.

Aunque el fallo de la JEP no es definitivo ni de fondo, fue el argumento que le permitió al fiscal irse, argumentado, con razón, que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por Estados Unidos y la Fiscalía, hace trizas la cooperación judicial internacional,  desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia,  confronta abiertamente la Constitución Política y destruye la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia.

De todas maneras, contra la creencia generalizada de que ‘Santrich’ quedaría libre, tal situación no se dará por ahora, por cuanto la Procuraduría General de la Nación apeló la medida de la JEP, y al hacerlo impidió que el proceso avanzara.

La decisión de la JEP, que además solicitó investigar a la Fiscalía en un acto que ha generado mayor incertidumbre, contribuye de forma preocupante a que la polarización de la ciudadanía, entre defensores del proceso de paz con las Farc y detractores, se radicalizara aún más, pues la JEP es el sistema de justicia transicional pactado con la guerrilla, en torno del cual la sociedad colombiana está partida en dos mitades aparentemente irreconciliables.

Por ahora, nada está definitivamente decidido en relación con ‘Santrich’, ya que la Procuraduría busca que el proceso llegue a la Corte Suprema de Justicia, y confía en que en tal instancia la situación cambiará.

Mientras se desenreda el tema judicial, la confianza en el proceso de paz y en la JEP queda herida de muerte y se seguirá acentuando la brecha que separa a defensores del proceso y paz y todo cuanto le concierne, y los opositores. En ambos casos, además de los ciudadanos, hay fuerzas poderosas en el Congreso defendiendo cada posición. Y eso, precisamente, acentúa la polarización que agobia al país desde cuando se acordaron los términos del acuerdo de paz. Y este ambiente, solo puede traer consecuencias negativas.