Por el enorme peso político que tiene el cargo, todo fiscal general en Colombia termina envuelto en polémicas y controversias de todo tipo. Pero Néstor Humberto Martínez es, sin lugar a dudas, el que más ha estado en el ojo de huracán. Su accionar estuvo marcado por intensos debates en el Congreso, campañas en redes sociales, marchas y plantones para exigir su renuncia y hasta teorías conspirativas que parecían sacadas de una serie de televisión.

Las controversias no esperaron ni siquiera a que Martínez se posesionara en el cargo. Cuando era ministro de la Presidencia del gobierno de Juan Manuel Santos se le acusó de utilizar sus influencias para preparar el terreno para ser elegido fiscal.

Martínez, que antes de llegar al cargo se desempeñó como abogado, chocó también con los reales o supuestos conflictos de intereses que le generó su actividad profesional.

Martínez Neira prestó le asesoría al Grupo Aval, entidad que, por la sociedad que tenía con el grupo brasileño Odebrecht, terminó involucrada en la mayor investigación por corrupción que se adelanta no solo en Colombia sino en varios países de América Latina.

El saliente fiscal general tuvo que declararse impedido para adelantar algunas de las investigaciones relacionadas con este escándalo, pero, según sus detractores, su involucramiento fue mucho mayor. Se le señaló incluso de haber sabido con debida antelación de las  coimas pagadas por Odebrecht y no haber hecho nada para denunciarlas.

Esta controversia llevó a que se creara una campaña en redes sociales, con marchas y plantones en frente del búnker de la Fiscalía para pedir su renuncia, y el pulso político se trasladó al Congreso, en donde Martínez, como político, como abogado y como Fiscal, se defendió con gran vehemencia de las acusaciones en su contra.

El debate, por lo menos a nivel mediático, terminó inclinándose a su favor, pues el cubrimiento periodístico terminó centrándose más en el video revelado en el Congreso que mostraba a Gustavo Petro contando una suma de dinero que recibió para una de sus campañas, que en los señalamientos contra Martínez.

Otro de los escándalos con los que tuvo que lidiar fue el proceso judicial por el caso Hyundai, en el cual también se desempeñó como abogado del empresario Carlos Mattos, a quien se acusa de haber sobornado a funcionarios judiciales.

En uno de los ires y venires de la investigación, uno de sus subalternos llamó a los estrados judiciales al abogado Alex Vernot quien en abril pasado denunció al fiscal Martínez porque durante su época de litigio tuvo más de un contacto con el proceso judicial que se surtía por la lucha de la multinacional automotriz. Sobre estos señalamientos, el fiscal nunca dijo nada.

También tocó a Martínez Neira, siendo fiscal general, la captura de Luis Gustavo Moreno quien estuvo al frente de la Dirección de Anticorrupción de la Fiscalía. Lo que en su momento sorprendió es que Moreno Rivas hoy extraditado a Estados Unidos, fue puesto en ese cargo por orden del propio Martínez.

Aunque durante su administración impulsó programas para hacer una Fiscalía más efectiva en la lucha contra la corrupción (con el plan ‘Bolsillos de Cristal’) y en el esclarecimiento de crímenes contra líderes sociales, su lado político terminó teniendo mayor peso en la forma como fue percibido por la opinión pública.

Por ejemplo, su confrontación con la JEP, que finalmente terminó provocando su renuncia. Martínez siempre alegó que no se oponía al funcionamiento de esta jurisdicción, sino que su propósito era impedir que hubiera impunidad para juzgar actos cometidos por los excombatientes de las Farc.

Sin embargo, las peleas jurídicas que dio en este campo las terminó perdiendo.

El fiscal general impulsó el proceso de extradición contra Santrich, con pruebas que supuestamente lo vinculaban con delitos cometidos después de la firma del acuerdo de paz, pero la JEP no avaló su decisión y terminó ordenando la libertad de Santrich.

Tampoco tuvo éxito en las objeciones contra la Ley Estatutaria de la JEP, que el Congreso no terminó respaldando y quedaron en manos de la Corte Constitucional.