El enfrentamiento entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desembocó en una inédita crisis jurídica que llevó a la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez y de la vicefiscal, ahondando la polarización política existente en torno al acuerdo con las Farc.

En el centro de la controversia está la solicitud de extradición a Estados Unidos del exlíder de las Farc Seuxis Paucias Hernández, conocido como Jesús Santrich, detenido desde el 9 de abril de 2018 bajo la acusación del delito de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz y que fue denegada ayer por la JEP con el argumento de que “por falta de pruebas no pudo evaluarla”.

Hace trece meses, cuando anunció la detención de Santrich, el entonces presidente Juan Manuel Santos afirmó que el fiscal general tenía “pruebas contundentes y concluyentes” de la participación del exjefe de las Farc en delitos de narcotráfico.

Por eso el fallo fue mal recibido por el fiscal, que minutos después sorprendió con el anuncio de su renuncia al cargo, que ocupaba desde el 1 de agosto de 2016, decisión que fue secundada por la vicefiscal general, María Paulina Riveros, quien dimitió a continuación.

“Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden, por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación”, manifestó Martínez en un comunicado leído a la prensa.

El fiscal, que se había empeñado en sacar adelante la extradición de Santrich, afirmó que con su fallo, la JEP “adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por Estados Unidos y por esta Fiscalía” y “hace trizas la cooperación judicial internacional”.

Según dijo, la decisión de la JEP además “confronta abiertamente la Constitución Política y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el acuerdo de paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia”.

Por eso, instó a los colombianos “a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz”, un llamamiento que algunos interpretaron como una invitación a convocar una Asamblea Constituyente que reforme la Carta Magna y recorte los poderes de la JEP.

Mientras tanto, sus críticos lo acusaron de usar el caso de Santrich para desviar el foco de la opinión pública del escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, en el que ha sido señalado de no actuar con la debida firmeza por tener conflictos de intereses ya que trabajó para Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico del país, y dueño de una de las empresas que está involucrada en la trama.

Embajadade EE.UU.

La embajada de Estados Unidos en Colombia, en un mensaje de Twitter en su cuenta oficial se pronunció así sobre las renuncias del fiscal y de la vicefiscal.

El fiscal general Martínez y su vicefiscal, María Paulina Riveros, son grandes patriotas que promovieron el Estado de derecho en Colombia y abogaron por nuestra vibrante y productiva cooperación judicial bilateral. 

Su servicio a Colombia y a la justicia ha tenido un impacto duradero y es apreciado por Estados Unidos.

Evaluarán renuncia

La Corte Suprema de Justicia confirmó que ya recibió la carta de renuncia irrevocable del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, y anunció que la misma se tramitará el martes de la semana entrante en una sala extraordinaria.

“Allí se decidirá si se acepta o no dicha renuncia y, en consecuencia, se solicitaría al señor presidente de la República el envío de una terna, para de ella hacer el nombramiento, previo el trámite de audiencia pública donde serán escuchados los candidatos”, dijo el magistrado Álvaro García.