La gráfica expresión de un líder de defensa de los derechos humanos en Norte de Santander sintetiza la grave situación: ‘la extorsión se salió de madre hace rato’. Y no hay manera de desmentir una letra, en momentos en que a cualquier persona la extorsionan, tenga o no dinero.

Que hablen los barrios populares, donde la gente debe pagar para pasar por determinados sectores, o los tenderos, que deben pagarles cuota diaria a las bandas criminales que se han organizado para cobrar pequeñas sumas que se convierten en enormes capitales ilícitos.

El problema está no tanto en que a la gente la constriñan (obliguen, fuercen) a pagar, sino en el hecho de que las víctimas pagan con puntualidad que conmueve y que prefieran desprenderse de su dinero antes que reaccionar. Hay razones, desde luego, para estas actitudes pasivas: la víctima sabe que si no paga, puede morir, y no necesita de pruebas para convencerse de que ese será su final…

O que hablen los comerciantes de Cúcuta, Ocaña, Convención y Tibú, para no extendernos, a quienes la extorsión los tiene, en algunos casos, al borde mismo de la bancarrota, porque ya no tienen de dónde más sacar dinero para pagar a los criminales intocables que les exigen más y más dinero.

O los propietarios de abastos en La Parada y El Escobal, que a diario ven, a sus puertas, a los encargados de los cobros de vacunas, como popularmente se les llama a los actos extorsivos, dispuestos a cumplir sus amenazas.

Es de tal envergadura la dimensión de este delito, que en la frontera, bandas de Colombia y Venezuela están enfrentadas literalmente a muerte por el territorio y la extorsión. Sin territorio que domine una pandilla, no tendrá recursos, no podrá extorsionar. A esto se debe la serie interminable de espantosos asesinatos en las trochas cercanas a Cúcuta, según la Policía colombiana.

Y a la extorsión se deben otras muertes y tantas balaceras, no solo en Cúcuta y el área metropolitana, sino en casi todo el departamento, convertido en el reino de la extorsión, a ciencia y paciencia de todas las autoridades, sin excepción.

Hace dos días, el comandante de la Policía Metropolitana aseguró a la prensa que varios hechos delictivos que explicaba, incluidos asesinatos, tenían como causa la disputa por el cobro de las extorsiones. No dijo el coronel José Luis Palomino, sin embargo, una sola palabra que facilite entender qué hacen él y sus hombres para combatir ese mal.

Cualquiera puede, con conocimiento preciso o no, atribuir a la extorsión otros delitos en la región, pero solo la Policía y las autoridades pueden tranquilizar a los ciudadanos con la explicación detallada y cuidadosa de todos los pasos que se dan en busca de enfrentar este siniestro delito y aniquilarlo.

El hecho concreto es que la ciudadanía se queja desde todos los rincones del departamento por el auge de la extorsión, y por el hecho de que, a pesar de que las autoridades conocen a los miembros de las bandas y su manera de operar, nunca han sido atacadas en sus zonas de dominio.

Si donde hay un comerciante hay una víctima potencial de los extorsionistas, ¿por qué no disponer de operaciones en busca de los responsables?