La CIDH convocó a Colombia a reuniones para examinar diferentes situaciones sobre derechos humanos en el país.
Brindar información a la CIDH es lo único que busca la JEP
Luego de que el canciller Carlos Holmes Trujillo le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cancelar la audiencia pública que le solicitó la JEP y que está prevista para el próximo 9 de mayo en el marco de las sesiones ordinarias de ese organismo internacional en Kingston, Jamaica, la presidenta de la JEP Patricia Linares argumentó que la solicitud de la audiencia se hizo en el marco del monitoreo que ejerce la CIDH en el proceso de paz.
“La solicitud de audiencia temática la hizo la Jurisdicción Especial para la Paz precisamente con el propósito de contribuir con información de carácter general sobre los avances, retos y desafíos que presenta la JEP, después de un año de funcionamiento, en materia de protección efectiva a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el marco o con ocasión del conflicto armado interno que ha sufrido nuestro país”, dice la misiva de tres páginas.
A juicio de Linares con esta acción lo que la JEP busca es garantizar no impunidad frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Del mismo modo, señaló que el propósito de la audiencia se enmarca en lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que prevé la posibilidad de solicitar este tipo de audiencias para brindar “información de carácter general o particular relacionada con los derechos humanos”.
Así las cosas, Linares dijo “como puede apreciar, señor Canciller, nuestra solicitud no fue presentada como “parte” en un proceso, pues coincidimos con usted en que dada nuestra condición de alta corte creada por la Constitución Política, hacemos parte de la estructura del Estado colombiano y no nos corresponde, ni más faltaba, exponer asuntos domésticos ante una instancia internacional, pues nunca hemos desconocido ni desconoceremos que la rectoría de las relaciones internacionales está en cabeza del señor Presidente de la República”.
Lea también Gobierno pide a CIDH cancelar audiencia pública programada con la JEP
La presidenta de la Jurisdicción resaltó que hasta el momento no ha recibido ninguna comunicación de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, relacionada con su petición. En caso de que exista alguna manifestación aseguró se la hará saber al canciller.
“Le reitero, señor Canciller, como tuve oportunidad de manifestarlo en la reunión que a solicitud mía sostuve con usted, el pasado 19 de febrero, que siempre estaré atenta y en plena disposición de diseñar un espacio de diálogo permanente con su despacho, en el que podamos coordinar asuntos que nos conciernen, tal como lo ordena el artículo 113 de la Constitución Política”, expresó la presidenta.
El rifirrafe se generó luego de que Trujillo pidió la cancelación de dicha audiencia debido a que “la JEP es una institución del Estado colombiano con funciones jurisdiccionales transitorias que no se encuentra facultada para acudir a instancias internacionales, salvo por los conductos establecidos en la Constitución Política o en las Leyes de la República”.
Detalles de la carta
Uno de los argumentos presentados por Trujillo para pedir la cancelación de dicha audiencia es que “la JEP es una institución del Estado colombiano con funciones jurisdiccionales transitorias que no se encuentra facultada para acudir a instancias internacionales, salvo por los conductos establecidos en la Constitución Política o en las Leyes de la República”.
Es así como en ese mismo sentido en la misiva el canciller asegura que le corresponde únicamente al presidente Iván Duque el direccionamiento de las relaciones exteriores, incluyendo la representación e interlocución del Estado ante los organismos internacionales.
De acuerdo con Trujillo, la JEP hace parte de la arquitectura estatal, razón por la que no puede ser considerada como parte en un procedimiento que se surta ante la CIDH. Asegura que el Estado es un sujeto único de derechos, según las leyes internacionales.
Sin embargo, en la carta se advierte que el Gobierno continuará honrando sus compromisos y mantendrá su apoyo a la JEP y a las instancias e instrumentos creados mediante la implementación normativa del acuerdo suscrito con la antigua guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016.
Así mismo, asegura el canciller que la CIDH convocó a Colombia a siete reuniones de trabajo y tres audiencias públicas para examinar diferentes situaciones sobre derechos humanos en el país, a las cuales se enviará una delegación de alto nivel para cumplir con los compromisos.
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