María Inés Cifuentes, procuradora delegada en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le solicitó a los magistrados de la justicia transicional que el proceso de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, más conocido como ‘El Paisa’, pase a la Unidad de Investigación y Acusación para que comparezca de manera obligatoria por ese medio. 

“El Ministerio Público solicita se ordene el traslado del caso a la Unidad de Investigación y Acusación para que se adelante los trámites pertinentes para que la sesión de primera instancia de Reconocimiento Verdad y Reparación analice el caso y así haga que comparezca de manera obligatoria a través de una imposición de medida de aseguramiento que debe traducirse para su ejecución y expedición en una orden de captura”, expresó la delegada del Ministerio Público.

La conclusión a la que llega Cifuentes para solicitar esto a los magistrados, se da en el marco de la no comparecencia de ‘El Paisa’, quien una vez se firmó el acuerdo final de paz decidió que con su verdad repararía a las víctimas y además entregaría información sobre actos delictivos cometidos de manera individual y colectiva en el marco del conflicto mientras perteneció a las filas de las Farc. 

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“El señor Velásquez Saldarriaga faltó a su obligación de aportar verdad al ser llamado en múltiples oportunidades sin comparecer a aportar la verdad exhaustiva y detallada que esperan las víctimas. Se demostró que el señor Velásquez Saldarriaga estuvo cumpliendo con sus compromisos de reincorporación hasta julio y agosto de 2018. Sin embargo, su ausencia ha afectado el desarrollo normal de los proyectos dentro de la comunidad”, dijo la delegada. 

Cifuentes, en su intervención, sacó a colación los argumentos de la defensa de ‘El Paisa’. Dijo que el excombatiente de las Farc no tuvo seguridad personal y jurídica a su juicio por incumplimiento del Gobierno, por lo que fue necesario salir de la ETCR ubicada en Miravalle Caqueta, porque a su juicio el Estado no tuvo rigurosidad en los acuerdos de paz. 

No obstante, lo que dijo la procuradora es que esta acción lo llevó a incumplir el régimen de comparecencia en la justicia transicional bajo razones no validas, que en su palabra no se pudieron demostrar. “La inseguridad personal no puede ser una excusa para no comparecer ante la JEP”.

Lo que reprocha la delegada de la Procuraduría es que no se envió un emisario que diera cuenta de su compromiso como solía hacerlo en ocasiones pasadas. “Por ejemplo, si el riesgo a la seguridad personal era de tal magnitud no se encuentra las razones por las cuales no empleó el uso de emisarios como es su costumbre. En informes relata que sus pronunciamientos eran hechos por cartas, pero después de un tiempo no fue así”.

Según Cifuentes, en el informe que entregó la defensa del excombatiente señaló que existió una persecución militar sobre este que no debía darse. Sin embargo, para la delegada del Ministerio Público está claro que las acusaciones no estuvieron soportadas bajo testimonios verídicos.   

“Se encuentra solo dos actas en donde se mencionó que las tropas ajenas a las unidades del Ejército tenía como objetivo al ‘Paisa’ pero no hubo una ratificación de la información solo fueron manifestaciones de exmimebros de las Farc”, manifestó. 

El jalón de orejas de la Procuraduría al Ministerio de Defensa

Sumado a las críticas de los señalamientos de la defensa, Cifuentes dejó en entre dicho el buen nombre del Ministerio de Defensa en cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, pues pese a que hicieron llegar un documento, con este no se logró identificar si efectivamente el excombatiente había vuelto a delinquir

“No se logró probar que el señor Velásquez Saldarriga incumplió su deber por haberse alzado nuevamente en armas. La información de la Fiscalía y el Ministerio de Defensa no nos permiten llegar a una convicción de que el compareciente ha cometido conductas tendientes a reagrupar estructuras armadas. Los señalamiento son de oídas, sin testigo directo”, argumentó. 

Para Cifuentes, la carencia por parte del Ministerio dejó cabos sueltos pues desde el Ministerio Público no pudieron vislumbrar los hechos que hasta la fecha ha acometido el excombatiente una vez no se supo de su paradero. 

“El informe de inteligencia del Ministerio de Defensa dista mucho de cumplir con los requisitos necesarios para ser un criterio de presunto incidente o que incluso haya influenciado en la decisión de la Procuraduria, con ello quiero decir que lo que entregaron a la JEP dista mucho de ser un informe de inteligencia”, precisó.

En su intervención explicó lo que era un informe de inteligencia y lo que debía tener: una planeación, una recolección, un procesamiento o análisis relacionado con los riesgos o amenazas internas o externas de vigencia de régimen democrático.

Pero lo que encontró la Procuradora fue algo ineficaz. “Los documentos presentados no reúnen ni los más mínimos requisitos para ser considerados como tales. No hay elementos de juicio para que se establezca con rigor que el compareciente se haya ido del proceso y haya retomado las armas”. 

La Procuradora culminó su intervención con que definitivamente es necesario la comparecencia obligatoria del ‘El Paisa’ si quiere que exista de su parte una reparación.