La embajada de Estados Unidos en Colombia hizo notar al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General de la Nación acerca de ocho presuntos narcotraficantes, solicitados en extradición por ese país, quienes se habrían colado en los listados de las Farc, a cambio de dinero.

En la misiva que fue enviada en octubre pasado, el gobierno norteamericano aseguró que gracias a la colaboración bilateral “docenas de narcotraficantes han sido identificados intentando vincularse al proceso de paz para evadir su captura o su extradición. En muchos casos, hubo evidencia de que estos individuos sobornaron a comandantes de las Farc para ingresar a las listas de sus filas”.

La embajada agregó que también tuvo conocimiento de casos en los que “abogados colombianos cobraron millonarias sumas de dinero para preparar documentación falsa certificando a un narcotraficante como miembro de las Farc”.

Al respecto, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, explicó que cuando el Gobierno recibió la comunicación inició el estudio de los casos e identificó que seis de los ocho señalados en realidad nunca pertenecieron a las Farc.

Los supuestos narcos “colados” eran:

1. Olindo Perlaza Caicedo, alias “Olindillo”, cuya orden de captura estaba frenada por su sujeción a la JEP.

2. Álver Pineda Mosquera, alias “Mono”.

3. José Limber Valencia Caicedo.

4. Milton Polivio Rosero Mera

5. Washington Perlaza Orobio.

6. Juan Carlos García Maya.

Los otros dos señalados por Estados Unidos que se mantuvieron en el listado de miembros de Farc, porque la Oficina del Alto Comisionado para la Paz comprobó su vinculación con el extinto grupo guerrillero fueron: Diego Alberto González Castillo y José Gedein Castro Chilambo.

El periódico El Colombiano reveló en 28 de marzo pasado, en el artículo “La JEP no es un camino fácil para evitar la extradición”, que el caso de Rosero Mena, quien supuestamente se había desmovilizado en la zona veredal de La Variante (Tumaco- Nariño), estaba en conocimiento de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP, quien evaluaba el otorgamiento de la garantía de no extradición.

Con la exclusión de esos nombres, las solicitudes de extradición pasarán directamente a la competencia de la Corte Suprema de Justicia, que le dará su concepto al presidente de la República, en manos de quien quedará la decisión.

Las objeciones

Precisamente esa potestad del alto comisionado para la paz para determinar cuando una persona puede recibir los beneficios de un grupo armado desmovilizado está entre las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP, que por estos días hacen su trámite en el Senado.

“Si la decisión de quién es guerrillero y quien no está en manos de la JEP, convierte a ese tribunal en juez y parte, la decisión debe ser exclusiva del Gobierno.