A ocho meses de terminar su periodo de gobierno, la alcaldesa de Ocaña, Miriam del Socorro Prado Carrascal, volvió a quedar en la cuerda floja, por cuenta de una nueva sanción que la podría sacar de manera anticipada de su cargo.

La mandataria de los ocañeros, quien ha tenido que hacerle frente ya a una detención y un proceso de revocatoria que no prosperó, está otra vez bajo la lupa de la Procuraduría, por presuntas irregularidades contractuales.

En un fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Ocaña resolvió sancionarla con la destitución y una inhabilidad de 11 años, por cuanto habría suscrito de manera irregular el contrato No. 001 del 7 de enero de 2016, para la prestación del servicio de grúa en el municipio.

Según se conoció, la alcaldesa habría incurrido en un error al ejecutar el contrato de manera directa con el propietario del vehículo utilizado para los operativos de tránsito, sin un respectivo proceso de licitación, como lo especifica la ley.

Para el delegado del Ministerio Público, la mandataria incumplió con su deber, “al desconocer los principios de transparencia, selección objetiva, responsabilidad y planeación que rigen la contratación pública, conducta con la que puso en riesgo los intereses de los habitantes de Ocaña”.

En la decisión de primera instancia también se advierte que Miriam del Socorro Prado Carrascal, “no brindó a la totalidad de los posibles interesados en contratar con la entidad, la posibilidad de hacerlo, ya que de manera arbitraria escogió a la persona que atendería la prestación del servicio, sin tener en cuenta criterios de selección, responsabilidad o capacidad de respuesta para atender las situaciones que se presentaran durante la ejecución del contrato”.

En su defensa, los abogados de Prado Carrascal alegaron que los requisitos que establece la Ley 80, de contratación estatal, sí fueron cumplidos a cabalidad, y que el contrato de prestación de servicios de la grúa se lleva ejecutando desde hace 10 años de la misma forma, sin ningún reproche.

Por esa razón, decidieron apelar el fallo y dar la pelea, esta vez ante la Procuraduría Regional, para demostrar que la alcaldesa no incurrió en una irregularidad contractual, y de esta forma reversar la sanción de la que fue objeto.

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‘Responderé por todos los actos que investigan’

La mandataria de los ocañeros lamentó la situación que enfrenta nuevamente y reiteró que es víctima de una persecución política en contra de su administración.

Reprochó que el fallo de la Procuraduría Provincial se hubiera filtrado antes de que se lo notificaran a ella y sus abogados.

“Para nadie es un secreto que mi administración ha sido una de las más controladas, vigiladas y perseguidas en todo el país. Tengo cantidad de investigaciones en la Procuraduría Provincial, Fiscalía y Contraloría, por todas aquellas personas que tienen algún delirio de informadores y utilizan las redes sociales para comunicar cosas extraoficiales”, señaló.

Aunque dijo estar tranquila frente a las actuaciones que ha adelantado desde 2016, Prado Carrascal reconoció que todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos años ha sido perturbador. “Me siento acosada, muy cansada, pero no rendida. Estoy librando mil batallas porque amo y quiero a Ocaña”, dijo.

Y agregó: “Si hay algunos que señalan que Miriam ha sido la peor de todos los tiempos, pues que se vengan acá, analicen conmigo y hagan un consenso con los jurídicos para que determinen cuáles han sido las actuaciones de las anteriores administraciones, en qué se ha errado y cuáles son los mecanismos que nosotros, como funcionarios públicos, estamos adoptando para corregir errores del pasado que hayan perjudicado nuestra Ocaña”.

En febrero de 2017, la alcaldesa fue detenida por solicitud de la Fiscalía Tercera para la Función Pública, porque presuntamente incurrió en la celebración indebida de tres contratos y violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Uno de los agravantes del caso es que el beneficiario de estos contratos fue uno de los financiadores de su campaña, en 2015. El proceso sigue.

Meses después de haber recobrado su libertad, la alcaldesa tuvo que hacerle frente a un proceso de revocatoria, del que se salvó por tan solo 1.064 votos.