Una de las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP busca, precisamente, reformar el artículo que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de guerra, en relación con quienes no son máximos responsables.

A mí me reclutaron a los 15 años. Me violaron y quedé embarazada”. Así recuerda Yamile Noscué esa etapa de su vida en la que le arrebataron no solo parte su adolescencia, sino la posibilidad de estar con sus padres y continuar con sus estudios.

“Me sacaron de la casa de mis padres en el sur del Tolima, en Herrera. Fui violada por varios cabecillas, no tengo conocimiento si todavía siguen vivos o no. Entre ellos está Jerónimo y El Abuelo”, expresó la excombatiente de las Farc, quien hoy denuncia que fue víctima del reclutamiento forzado y además, se convirtió en el trofeo sexual de hombres que la torturaron con malos tratos durante los dos años que estuvo en el frente 21 que delinquía en el sur de Tolima. 

Desde el momento en el que la guerra sacudió a Colombia, la violencia sexual se convirtió en parte del conflicto. Tal ha sido su impacto que hace cinco años se conmemora el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual, promovido por la periodista Jineth Bedoya, víctima de este delito por parte de los paramilitares. La iniciativa se instituyó mediante el Decreto presidencial 1480 de 2014.

En 2017, Sisma Mujer, organización que visibiliza y defiende los derechos de la mujer, contabilizó desde 1985 hasta ese año, por lo menos 17.669 colombianas víctimas de la violencia sexual, tanto de guerrilleros de las Farc como de paramilitares.

En 2016, el Instituto de Medicina Legal estableció que de los 20.820 exámenes que se practicaron por presuntos hechos de violencia sexual, 17.740 correspondieron a mujeres, es decir el 85,21%, y 3.080 a hombres, 14,79%. Esto significa que por cada hombre agredido, aproximadamente seis mujeres fueron víctimas de la violencia sexual.

Este año, hasta el 28 de febrero, Medicina Legal reportó 3.263 casos de presunta violencia sexual contra la mujer. Este delito se lleva el 85,7% de las cifras de abuso sexual, pese a que hay una firma final del acuerdo de paz.

Según asegura Yamile, ella entró a hacer parte de esta estadística desde que era guarda personal de Alirio Rojas Bocanegra, El Abuelo, jefe de seguridad de Alfonso Cano, abatido en 2011 en la vereda Rionegro, (Tolima).

“Aparte de que yo tenía que poner el pecho por ese señor, tenía que someterme a la violencia sexual, además de cargarle los medicamentos y estar pendiente de las horas en las que se los tenían que aplicar”, cuenta.

En su relato, asegura que era una de las 14 mujeres entre los 13 y 17 años que tenía El Abuelo, no solo para que lo cuidaran en los combates sino para satisfacer sus deseos sexuales. Yamile recuerda que cuando ella o una de sus compañeras eran llamadas a “la oficina”, lugar del campamento donde permanecía el guerrillero, era porque iban a ser abusadas.

“En ese momento estaba la situación más o menos así: o dejan que nosotros nos saciemos como hombres o te mueres. No teníamos otra opción”, explicó Noscué.

Sus días en 2005 se volvieron  inconsolables, pues producto de las múltiples violaciones tanto de El Abuelo como de varios comandantes, quedó embarazada y cuando tenía seis meses de gestación fue obligada a abortar.

La JEP y Rosa Blanca

El caso de Yamile Noscué, quien se fugó de la guerrilla en 2007, hace parte de un grueso listado de denuncias que ahora están en el centro del debate sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a propósito de las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque y de la propuesta de reforma constitucional que anunció.

En el fallo en que declaró exequible la ley estatutaria de la JEP, emitido el 16 de agosto del año pasado, la Corte Constitucional avaló que los delitos sexuales cometidos con ocasión del conflicto sean investigados por la justicia transicional y, por ende, puedan ser susceptibles de penas alternativas.

Por eso, este es uno de los puntos de la ley que no le gusta al presidente Duque, quien anunció que buscará su reforma. “Nada, ninguna ideología, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad”, afirmó en su discurso televisado del pasado 10 de marzo.

Mientras tanto, la JEP ya avanza en el ejercicio de esta competencia. A comienzos del mes, el tribunal anunció la apertura del caso 007 que busca indagar lo concerniente al reclutamiento de menores de edad y su utilización en el conflicto.

Es decir, el expediente investigará comportamientos que pudieron haber puesto en riesgo la vida, la integridad física o sicológica y el desarrollo de niños y niñas, y que afectan sus derechos, por ejemplo, la violencia y esclavitud sexual, la planificación y abortos forzados.

El proceso, sin embargo, está marcado por un contrapunteo entre la JEP y las víctimas, en especial la Corporación Rosa Blanca, cuyas integrantes aseguran que no han sido recibidas por el tribunal de paz. 

“Hicimos la denuncia contra 25 exmiembros de las Farc. En la reunión que tuvimos con la JEP, la presidenta (magistrada Patricia Linares) no se presentó. Ellos han venido haciéndonos una serie de invitaciones, pero nunca para sentarse a escucharnos las denuncias de los delitos que se cometieron con nosotras dentro de la organización”, dijo la excombatiente.

La JEP, entre tanto, respondió con un listado de fechas sobre las reuniones que han sostenido con la Corporación Rosa Blanca, a la que pertenece Yamile. Según el reporte, el 9 de abril de 2018, la organización fue convocada y asistió a la socialización del proyecto de protocolo para la presentación de informes ante la Sala de Reconocimiento de la JEP.

Un mes más tarde, Lorena Murcia, su presidenta, participó en una reunión como representante de la Federación Nacional de Víctimas. En dicha reunión estuvo la magistrada Patricia Linares, según el comunicado.

En el auto del caso 007, la Sala de Reconocimiento convocó a la Corporación Rosa Blanca a complementar la información disponible para este caso mediante la presentación de informes mixtos, orales y escritos.

El pasado 5 de marzo, la Sala de Reconocimiento sostuvo una reunión con la Corporación Rosa Blanca, a la que asistió su representante legal Bertha Alicia Suárez. En dicha reunión el magistrado Iván González, relator del caso 007, les entregó copia del auto y les manifestó el interés y la importancia de contar con la información que pudieran suministrarle a la JEP frente a casos y presuntos responsables de reclutamiento y delitos conexos.

La Sala también expresó que a la fecha han recibido 169 informes, y de ellos 15 se centran en casos de violencia sexual ocurridos en el conflicto armado.

Discusión por las pruebas

Pero más allá de si la JEP se ha reunido o no con las víctimas, el problema de fondo, sea en la justicia ordinaria o en la transicional, es la posibilidad de probar la comisión de esos delitos. Para Yamile, exigirles a las víctimas la prueba, las revictimiza, pues no hay cómo comprobar abusos sexuales que fueron cometidos, en su caso, hace más de una década.

A esto se suma la posibilidad de que por estos crímenes los responsables solo tengan que cumplir penas alternativas o incluso lleguen a ser amnistiados.

“La JEP se ha convertido en el refugio y en la entidad para proteger a los criminales y nos han dejado de lado a nosotras las víctimas. Entonces, nosotros lo que queremos es que el tema de delitos sexuales quede por fuera de esa jurisdicción para que sean juzgados por la justicia ordinaria para que efectivamente nos garanticen que los culpables si van a pagar con cárcel”, indicó Yamile.

En eso coincide el penalista Camilo Burbano, quien cree que  este tipo de delitos, por su gravedad, exigiría penas mayores. 

El penalista Francisco Bernate aclara, por su parte, que esto no va a ocurrir en todos los casos, pues la JEP solo asumirá aquellos relacionados directamente con el conflicto, lo cual tendrá que determinarse caso por caso.

El debate está abierto y lo cierto es que en medio de la polarización que vive el país, el tema está empezando a politizarse y a ser usado por los contradictores del acuerdo de paz, para ahondar las críticas.