La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró que el gobierno de Colombia tiene la "responsabilidad histórica" de implementar plenamente el pacto de paz con la exguerrilla Farc, frente a su controvertida intención de modificar una parte vital del acuerdo. 

En la presentación del informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, el representante de la Alta Comisionada cerró filas el jueves en torno a la defensa de los compromisos que condujeron a terminar con más de medio siglo de lucha armada de las Farc. 

"El gobierno actual tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación plena del acuerdo de paz", declaró Alberto Brunori. "No puede haber marcha atrás", enfatizó.

El organismo de derechos humanos de la ONU hizo sus recomendaciones en momentos en que el presidente Iván Duque se propone modificar algunos aspectos del sistema de justicia pactado por su antecesor, el Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, y los rebeldes marxistas.

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Suscrito a finales de 2016, el pacto prevé que los responsables de delitos graves cometidos durante el prolongado conflicto, ya sean exguerrilleros o militares, reciban penas alternativas a prisión si confiesan sus crímenes, reparan a sus víctimas y nunca más vuelven a ejercer la violencia.

El domingo Duque anunció que objetará ante el Congreso seis de los 159 artículos de la ley que regula la Jurisdicción Especial de Paz, considerada la columna vertebral del pacto negociado con las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), convertidas en partido político. 

Asimismo, anticipó que presentará un proyecto de reforma constitucional para modificar tres puntos del estatuto que dio origen a la justicia de paz y que fue avalado por el Congreso en 2017 y por la Corte Constitucional, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna. 

Los cambios anunciados por Duque apuntan principalmente a modificar en parte el compromiso que impide la extradición a Estados Unidos de miembros del partido Farc. 

Asesinatos a líderes sociales, bajo la lupa de la ONU

La oficina manifestó su preocupación por el asesinato a líderes sociales, crimen que dejó 113 víctimas en 2018, en 24 departamentos, de los que 18 pertenecían a grupos indígenas y 12 eran afro. Antioquia, Cauca y Norte de Santander fueron los más afectados.

“Un solo homicidio de un defensor o defensora ya es un crimen muy grave que socaba la democracia y el Estado de Derecho”, aseguró en el documento”. Para la alta comisionada, el 93 % de los casos ocurrieron en lugares con una “débil o nula presencia del Estado” y como consecuencia de “sustanciales retrocesos en la implementación del Acuerdo de Paz”.

El 66 % de estos homicidios estuvieron vinculados con las denuncias de los líderes sobre delitos, especialmente de aquellos relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos.

También reseñó las agresiones a defensores de la comunidad LGTBI y señaló la importancia de fortalecer los mecanismos de protección a las comunidades, como la Guardia Indígena.

Por otro lado, aseguró que la protesta pacífica es un derecho.

JEP, una “oportunidad sin precedentes”

Para la Alta Comisionada la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una oportunidad “sin precedentes” para procesar judicialmente los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, amparar los derechos de las víctimas y atender los impactos violentos que tuvo en mujeres, niños, niñas, adolescentes y pueblos étnicos.

“Es fundamental que todas las ramas del poder público promuevan y respeten la autonomía e independencia de la Jurisdicción”, señala el informe anual, y llamó por la “urgente sanción y promulgación” de la Ley Estatutaria de la JEP, de la que el presidente Duque objetó seis artículos el pasado domingo.

Respecto al conflicto armad,o también indica que las zonas afectadas por este tienen un índice de pobreza multidimensional que alcanza el 76 %.

Ejército: la única autoridad que llega al territorio

Llamó la atención de que el Estado solo llega a algunos sectores a través del Ejército y que este se ve obligado a desarrollar actividades que “no son propias de su responsabilidad institucional”, como la seguridad pública, la lucha contra el crimen organizado y el fomento de la convivencia.

Las funciones que ha tomado el Ejército preocupan a la Alta Comisionada argumentando que su uso en la lucha contra el crimen “puede producir un incremento de las violaciones a los derechos humanos”.

En el informe Bachelet denuncia presuntas ejecuciones extrajudiciales: 6 por parte de la Policía y 5 a manos del Ejército.

Finalmente, el documento de la máxima autoridad de derechos humanos de la ONU reseñó la situación de cultivos ilícitos y la lucha contra las drogas.

Las recomendaciones de la ONU a Colombia

Al finalizar el documento la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala seis tareas que debe atender el país.

Acelerar la implementación del acuerdo de paz, dar garantías a los defensores de derechos humanos, implementar el Programa Integral de Garantías para Mujeres, Lideresas y Defensoras; seguido por un llamado al Gobierno y al Eln a respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, además de la independencia del Sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.