La decisión que tomó el presidente de la República, Iván Duque Márquez, de objetar seis puntos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de presentar una reforma constitucional a la misma, ya empieza a levantar un torbellino político de voces a favor y en contra.

Para el senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, la decisión del presidente Duque deja en evidencia su interés de hacerle caso a su jefe político, el senador Álvaro Uribe Vélez y a sus compañeros del Centro Democrático porque las seis objeciones que hizo, según el senador, ya fueron revisadas por la Corte Constitucional y por el mismo Congreso de la República.

“No es cierto que el presidente lo está haciendo por razones de conveniencia porque se está pronunciando sobre las razones de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la JEP, que ya fueron revisadas por la Corte Constitucional y eso, por supuesto, que genera un choque de trenes contra la corte”, indicó Sanguino.  

De acuerdo con el senador, la reforma constitucional que anunció Duque tiene el propósito de desbaratar la JEP lo cual considera grave, porque este fue uno de los puntos que fueron blindados por la Corte Constitucional por tres periodos. De esta manera, asegura el líder político, el mandatario de los colombianos está actuando de manera irresponsable e incumpliendo la palabra del Estado.

En este sentido, el Sanguino consideró que las objeciones hechas por Duque deberán ir al Congreso para revisar lo que previamente aprobó, incluso con los mismos votos del Centro Democrático, pero advirtió que mientras el tiempo pasa la JEP deberá seguir funcionando como hasta ahora lo viene haciendo, con el agravante de que los asuntos de procedimiento no contarán con una ley reglamentaria sino que serán los mismos magistrados quienes los resuelvan.

Por su parte, César Gaviria, director del Partido Liberal, manifestó su desacuerdo con la decisión adoptada por el presidente Iván Duque de objetar parcialmente la ley estatutaria de la JEP. El líder de la colectividad manifestó que dicha decisión pone en riesgo lo avanzado en materia de terminación del conflicto con las Farc y se constituye en un incumplimiento grave por parte del Estado de las obligaciones derivadas del acuerdo que permitió la desmovilización y el desarme de casi 10.000 excombatientes.

“Ante esta grave situación anuncio que convocaré a la mayor brevedad posible a las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal para que se adopte una decisión en conjunto y para que la postura de los congresistas y la votación en las plenarias de ambas cámaras sobre la aceptación o el rechazo de las objeciones planteadas por el Presidente sea unánime. Recomendaré a las bancadas que todos los congresistas liberales voten para rechazar las objeciones presentadas por el Presidente de la República” , resaltó Gaviria.

De acuerdo a Gaviria, ni el acuerdo suscrito con las Farc, ni la ley estatutaria, ni el acto legislativo que adoptó el acuerdo y la jurisdicción especial de paz, deja sin castigo a los reincidentes del conflicto. Además, aseguró que bajo ninguna interpretación es correcto afirmar que los delitos atroces, o los delitos de los que han sido víctimas los niños, o los delitos que cometan como excombatientes de las Farc que decidan reincidir quedarán en la impunidad.

“El cabal cumplimiento de la Jurisdicción Especial de Paz es lo que garantizará que, por primera vez en la historia de Colombia, tengamos un sistema de justicia que tenga la capacidad de hacer efectivos los derechos de las víctimas en materia de justicia, de verdad, de reparación y garantía de no repetición”, añadió el expresidente.

Por su parte, el presidente del Senado Ernesto Macías, señaló que el presidente Iván Duque actuó con sensatez al acompañar seis objeciones a la estatutaria de la JEP con una propuesta de reforma constitucional porque el Congreso tendrá que analizar y discutir si va más al fondo.

“Las seis objeciones a la Estatutaria de la JEP con la propuesta de reforma constitucional que anunció el presidente Iván Duque era lo conveniente y sensato. Sancionarla u objetarla totalmente era una posición fanática y desafortunada. No atendió a quienes pedían objeción total ni a los que exigían sancionarla. Actúo con responsabilidad y sensatez”, manifestó Macías.

Por su parte, el senador del Centro Democrático, Fernando Araujo, aseguró que el procedimiento que hizo el presidente fue perfectamente constitucional e indicó que es una gran oportunidad para que el Congreso pueda mejorar la Ley Estatutaria de la JEP ya que esta volverá a tener que ser discutida para que se subsanen algunos puntos.

“Habrá  una gran discusión en el Congreso para corregir o no esos artículos y por lo tanto la JEP seguirá funcionando como hasta ahora. Es una oportunidad para pasar de una justicia transaccional a una justicia transicional de verdad, que dignifique a todos en torno a la paz. Esta ley se aprobó en el Congreso anterior. En el nuevo Congreso tengo la ilusión de que habrá la grandeza para que el país avance entorno a una paz sin impunidad”, indicó Araujo.

Objeciones

En alocución televisada, Duque destacó que objetará 6 de los 159 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por considerarlos inconvenientes. "He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, indicó Duque.

En primera instancia el Gobierno objetará el artículo 7 de la ley estatutaria de la JEP el cual trata la reparación integral de las víctimas del conflicto armado y que en consideración del presidente Duque no se establece de forma “clara” la obligación principal de los victimarios.  

“Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera”, argumentó el mandatario.

Como segunda medida a objetar, se encuentra el inciso octavo del artículo 63 de la ley al argumentar que es “inconveniente” para el país porque no determina el alcance del Alto Comisionado en la verificación de quienes pertenecen a grupos armados en el proceso de paz con el objetivo de fortalecer la genuina verdad y una genuina no repetición

“Quiero dejar claridad en este tema: la tarea de verificar las personas que participan de un proceso de paz debe seguir siendo competencia del Alto Comisionado para la Paz como representante del presidente de la República”, sostuvo Duque, quien resaltó que no es conveniente “debilitar” la faceta del Alto Comisionado para la Paz para evitar que “delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás”.  

A la par de este artículo, mandatario expresó que a esta lista también entra el inciso tercero del literal j del artículo 79 el cual establece la suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP.

“Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Esto genera una situación que perjudica los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad”, argumentó Duque.  

El jefe de Estado apuntó que es “conveniente” definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria. “Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas”, agregó Duque.  

En su discurso, el presidente Duque también anunció la objeción del parágrafo 2 del artículo 19 que trata la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables y la cual a ojos del mandatario constituye en impunidad.

"El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos, todos los esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad”, sostuvo.

Así mismo, el artículo 150, y uno de los más esperados del anuncio al referirse a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final, y que en argumento de Duque es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. “No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países”, precisó.

A la par de este artículo, también se anunció la objeción del artículo153 por ser considerado “inconveniente” en el condicionamiento de la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo.

“Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados”, explicó el jefe de Estado.